Cuando un acreedor lleva al juzgado una deuda de hace veinte años, el juzgado no comprueba si está prescrita, se limita a requerirle para que pague o se oponga en veinte días hábiles, y si usted calla dicta un decreto con el que el acreedor puede pedir el embargo. Una deuda de préstamo, crédito o tarjeta de 2006, sin sentencia y sin reclamaciones que hayan interrumpido el plazo, está prescrita como muy tarde desde finales de diciembre de 2020, pero eso solo le sirve si lo alega usted por escrito y en plazo. Que siga figurando en la CIRBE del Banco de España no la mantiene viva, y la Circular 1/2026, que entra en vigor el 19 de noviembre, no la borra por sí sola.
El monitorio lo tramita el letrado de la Administración de Justicia, no el juez. Comprueba que la petición venga con un documento que dé apariencia de deuda, como exige el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ordena notificarle el requerimiento en su domicilio (artículo 815). El juez solo interviene de oficio para revisar posibles cláusulas abusivas cuando una empresa reclama a un consumidor. La antigüedad de la deuda no la examina nadie, porque la prescripción es una excepción que corresponde alegar al deudor y que ningún tribunal aprecia por iniciativa propia. Si pasan los veinte días sin pago ni oposición, el decreto del artículo 816 pone fin al monitorio y abre la ejecución.
Una deuda de 2006, de 2008 o de 2016, el plazo que corresponde a cada una
Las acciones personales sin plazo especial, que son las de la mayoría de préstamos, créditos al consumo, tarjetas y facturas, prescriben hoy a los cinco años (artículo 1964.2 del Código Civil). Hasta el 7 de octubre de 2015 el plazo era de quince años. La Ley 42/2015 lo redujo y su disposición transitoria quinta resolvió qué ocurría con las deudas que ya existían, remitiéndose al artículo 1939 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha interpretado esa remisión en el sentido que recojo en la tabla, junto con los demás plazos que aparecen en estas reclamaciones.
| Tipo de deuda | Plazo | Norma |
|---|---|---|
| Préstamo, crédito, tarjeta o factura exigible desde el 7 de octubre de 2015 | 5 años | Artículo 1964.2 del Código Civil |
| La misma deuda, exigible entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 | Hasta finales de diciembre de 2020 | Disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015 |
| La misma deuda, exigible antes del 7 de octubre de 2005 | 15 años | Redacción anterior del artículo 1964 del Código Civil |
| Intereses, rentas y otros pagos periódicos | 5 años | Artículo 1966 del Código Civil |
| Acción hipotecaria | 20 años | Artículo 1964.1 del Código Civil |
| Deuda con Hacienda o con la Seguridad Social | 4 años | Ley General Tributaria y Ley General de la Seguridad Social |
La fecha de la segunda fila era en origen el 7 de octubre de 2020, cinco años después de la entrada en vigor de la reforma, y se desplazó a finales de diciembre por la suspensión de plazos del estado de alarma. Aplicado a las consultas más habituales, una deuda de hace 20 años (2006) o de hace 18 (2008) prescribió en diciembre de 2020, una de hace 25 años (2001) lo hizo en 2016 al cumplir los quince, y una de hace 10 años (2016) completó sus cinco años entre 2021 y principios de 2022. El plazo se cuenta desde el impago o el vencimiento, que es cuando la deuda pudo reclamarse (artículo 1969), y no desde la firma del contrato. Todo el cálculo tiene una condición, que en ese tiempo no haya habido interrupción ni sentencia.
Reclamaciones encadenadas, lo que mantiene viva una deuda de hace veinte años
El artículo 1973 del Código Civil interrumpe la prescripción por la demanda judicial, por la reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Cada interrupción reinicia el plazo entero, y si se produjo después de octubre de 2015 el nuevo plazo es de cinco años. Para que una deuda de 2006 pueda exigirse en noviembre de 2026, el acreedor necesita una cadena de interrupciones sin huecos superiores al plazo, la última dentro de los últimos cinco años. Una reclamación enviada cuando la deuda ya había prescrito no la resucita.
La prueba de esa cadena corresponde a quien la invoca, que es el acreedor. La reclamación extrajudicial tiene que haber llegado al deudor, o al menos haberse enviado al domicilio conocido de forma que la falta de recepción sea imputable al propio deudor. Las cartas ordinarias sin acuse y las llamadas de las que no queda registro son difíciles de acreditar, y las dirigidas a un domicilio que usted dejó hace años se discuten caso por caso. Cuando reclama un fondo que compró la cartera a un banco, puede no disponer del expediente completo, y tampoco le basta con decirse nuevo titular, porque tiene que acreditar que su crédito concreto estaba entre los cedidos.
El reconocimiento es la vía por la que el propio deudor estropea su posición. Un pago parcial, aunque sea simbólico, la firma de un plan de pagos o un correo en el que admite deber el dinero interrumpen el plazo si la deuda sigue viva. Si ya estaba prescrita, pueden interpretarse como renuncia a la prescripción ganada, que el artículo 1935 del Código Civil admite también de forma tácita. Mientras no sepa en qué situación está la deuda, no pague nada, no firme nada y no la admita por teléfono, donde la conversación puede quedar grabada. Sí puede pedir por escrito que le identifiquen el contrato, el importe y el origen de lo que le reclaman, porque preguntar no es reconocer.
Con sentencia o con un monitorio que nadie contestó, el cálculo es otro
Lo anterior vale para la deuda que nunca pasó por el juzgado. Si hubo sentencia, o un monitorio que terminó por decreto porque nadie se opuso, lo que cuenta ya no es la prescripción de la deuda. El acreedor dispone de cinco años desde la firmeza para presentar la demanda de ejecución, y pasado ese tiempo la acción ejecutiva caduca (artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Presentada dentro de plazo, la ejecución no caduca por inactividad y solo termina con el pago completo (artículo 570). Un procedimiento abierto en 2009 y dormido desde entonces puede reactivarse hoy con una averiguación patrimonial y un embargo de nómina, porque el acreedor con título judicial tiene medios para cobrar aunque el deudor diga no tener nada.
Hay quien descubre así que la deuda antigua tenía un procedimiento detrás, notificado en un domicilio anterior. Conviene saberlo antes de contestar a nadie. Si la notificación fue defectuosa existen remedios, pero son excepcionales y tienen plazos propios muy cortos desde que se conoce la resolución. En el despacho comprobamos primero si existe ese procedimiento y en qué estado está, porque de ello depende que la defensa sea la prescripción, la caducidad de la ejecución o la nulidad de lo actuado, y lo hacemos dentro del área de derecho civil.
La carta del recobro y el requerimiento del juzgado exigen respuestas distintas
Una carta, un SMS o una llamada de una empresa de recobro no abren ningún plazo procesal ni permiten embargar nada. Tampoco obligan a contestar. Guarde el sobre, la carta y la fecha de recepción, porque esa comunicación es la que el acreedor presentará después como reclamación extrajudicial. Desde abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 exige al acreedor intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar, de modo que una propuesta formal de negociación puede ser el paso previo a la demanda y merece más atención que una llamada.
El requerimiento del juzgado es otra cosa. Los veinte días hábiles cuentan desde que lo recibe, y la oposición ha de ser un escrito motivado en el que se alegue la prescripción, el pago o lo que proceda (artículos 815 y 818). Si la reclamación supera los 2.000 euros, ese escrito tiene que ir firmado por abogado y procurador. Presentada la oposición, el asunto continúa como juicio verbal si la cuantía no pasa de 15.000 euros y como juicio ordinario si la supera, y es ahí donde el acreedor tendrá que probar la deuda y sus interrupciones. Negarse a recoger la notificación no detiene nada, porque la ley equipara la negativa a la entrega. Si deja pasar el plazo, en la ejecución posterior ya no podrá alegar que la deuda estaba prescrita, porque frente a un título judicial las causas de oposición son muy pocas (artículo 556).
La deuda que ya pagó, el justificante frente al nuevo acreedor
El pago extingue la obligación (artículo 1156 del Código Civil) y, si se hizo con cheque, pagaré u otro documento, solo desde que se cobró efectivamente (artículo 1170). Quien afirma haber pagado tiene que probarlo, de modo que aquí la carga es suya. Sirven el justificante de la transferencia, el certificado de cancelación del préstamo, la carta de pago y los extractos. El artículo 1110 ayuda cuando solo conserva el último recibo, porque el recibo del último plazo sin reservas del acreedor extingue la obligación respecto de los anteriores. Si no guarda nada, pida a su banco los movimientos de aquellas fechas, aunque con operaciones tan antiguas no siempre se conservan.
La reclamación de una deuda pagada puede venir de una cesión de cartera en la que el crédito viajó sin la anotación del pago. El pago se opone igual que la prescripción, por escrito y dentro de los veinte días si hay monitorio. Distinto es el caso de la deuda que usted nunca contrajo porque alguien pidió el crédito con sus datos tras un phishing, donde lo que se discute es que nunca hubo contrato.
Por qué sigue en la CIRBE y qué cambia el 19 de noviembre con la Circular 1/2026
La Central de Información de Riesgos del Banco de España no es un fichero de morosos. Es un registro público, regulado en los artículos 59 a 69 de la Ley 44/2002, en el que bancos y demás entidades declarantes comunican los préstamos, créditos y avales que mantienen con sus clientes, estén al corriente o impagados, a partir del umbral de importe que fija la normativa. También figura quien avaló, por ejemplo el administrador que garantizó personalmente las deudas de su sociedad. Una deuda antigua sigue apareciendo mientras la entidad la mantenga declarada como derecho de cobro, aunque la tenga por fallida, y la CIRBE no tiene un tope de antigüedad como el de los ficheros privados. Figurar en ella no interrumpe la prescripción ni prueba que la deuda sea exigible, pero las entidades a las que pida financiación reciben información agregada de sus riesgos.
La Circular 1/2026, de 21 de octubre, del Banco de España, que entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, regula cómo declaran las entidades a la Central. No es una amnistía ni cancela por sí sola ninguna anotación, y el derecho a corregir los datos tampoco nace con ella. Está en el artículo 65 de la Ley 44/2002, que reconoce a cualquier titular el acceso gratuito a su informe y la posibilidad de pedir, a través del Banco de España, que la entidad declarante rectifique o cancele los datos inexactos. Mientras la solicitud se tramita, la ley prevé que se suspenda la cesión a terceros de los datos discutidos, y la entidad tiene un plazo breve para contestar.
Lo primero es pedir ese informe, cosa que puede hacer usted hoy sin coste en la sede electrónica del Banco de España. Verá qué entidad declara la operación, con qué importe y en qué situación. Con una deuda pagada el dato es inexacto y el justificante de pago es el argumento. Con una deuda prescrita la entidad puede sostener que el crédito existe mientras nadie haya declarado lo contrario, y la discusión es más técnica. Qué se alega, ante quién y con qué documentos en cada supuesto es trabajo del abogado. El fondo que compró su deuda no figura por lo general entre las entidades que declaran a la CIRBE, así que la anotación que le perjudica puede estar en otro sitio.
Cinco años como máximo en los ficheros de morosos privados
Los ficheros de solvencia privados se rigen por el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018. Solo admiten deudas ciertas, vencidas y exigibles que el deudor no haya discutido por vía administrativa o judicial, y los datos pueden mantenerse mientras dure el impago con un máximo de cinco años desde el vencimiento de la obligación. Una deuda de hace veinte, dieciocho o diez años no puede figurar legalmente en ASNEF ni en ningún fichero similar, se haya interrumpido o no la prescripción. Si figura, los artículos 16 y 17 del Reglamento General de Protección de Datos permiten exigir la rectificación y la supresión, y el artículo 82 una indemnización cuando la inclusión indebida ha causado un daño, como la denegación de una hipoteca.
Deudas con la Administración y deudas de un familiar fallecido
Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social prescriben a los cuatro años, tienen reglas de interrupción propias y no se anotan en la CIRBE. Se discuten por vía administrativa y no ante el juzgado civil.
Las deudas de un fallecido pasan a quien aceptó la herencia pura y simplemente, que responde también con sus bienes (artículo 1003 del Código Civil), pero pasan con su antigüedad. El heredero puede oponer la misma prescripción que habría podido oponer el causante, y si todavía no ha aceptado, la decisión sobre la herencia debe tomarse conociendo esas deudas.
Un pago simbólico o un monitorio sin contestar, lo que cuesta ir solo
El riesgo de gestionar esto por su cuenta es concreto. Un pago de veinte euros para que dejen de llamar o una conversación en la que admite la deuda pueden dar al acreedor el reconocimiento que le faltaba, y un requerimiento judicial sin contestar convierte una deuda prescrita en un título ejecutable contra su nómina. En sentido contrario, si lo que recibe son cartas de recobro por un importe pequeño, sin demanda y sin anotación en ficheros, contratar un abogado puede no compensarle y basta con no pagar, no reconocer y conservar lo que le envíen. En Perseus & RC Abogados comprobamos si la deuda tiene un procedimiento judicial detrás, preparamos la oposición por prescripción o por pago y pedimos la corrección de la CIRBE y de los ficheros privados dentro de nuestro trabajo de derecho civil. Puede llamar al +34 677 841 007 o escribirnos desde la página de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Una deuda de hace 20 años está prescrita siempre, o hay casos en que todavía se puede reclamar?
No siempre. Un préstamo, crédito o tarjeta de 2006 sin sentencia prescribió como muy tarde a finales de diciembre de 2020, salvo que el acreedor pruebe reclamaciones o reconocimientos que hayan interrumpido el plazo sin dejar huecos. Sigue siendo exigible si hubo sentencia con ejecución pedida en plazo o si se trata de una hipoteca, cuya acción dura veinte años.
Mi deuda es anterior a la Ley 42/2015, ¿qué plazo se me aplica y hasta qué fecha podían reclamármela?
Se aplica el plazo anterior de quince años con un tope. Si la deuda era exigible antes del 7 de octubre de 2005, prescribió al cumplir quince años. Si lo era entre esa fecha y el 7 de octubre de 2015, prescribió a finales de diciembre de 2020, por la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015 y la suspensión de plazos de 2020. Todo ello salvo interrupción.