Cincuenta mil euros es la cifra que separa los dos tramos de pena de una estafa de inversión en criptomonedas. Hasta ese importe, el artículo 248 del Código Penal la castiga con prisión de seis meses a tres años, y por encima se aplica el artículo 250.1.5º, con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, además de un plazo de prescripción que pasa de cinco a diez años. Si le captaron por WhatsApp o Telegram y transfirió dinero a una plataforma que ahora no le deja retirarlo, es víctima de ese delito y debe denunciarlo cuanto antes. La posibilidad de recuperar lo invertido depende sobre todo de que el dinero se localice y se bloquee antes de que vuelva a moverse.
Dejar de pagar, conservar el rastro y avisar al banco, lo urgente de hoy
Lo que sigue no sustituye a la denuncia ni al abogado, pero condiciona lo que después se pueda conseguir.
No haga ningún pago más. Las plataformas falsas piden un último ingreso para liberar el saldo, presentado como impuesto, comisión de retirada, verificación contra el blanqueo o fianza. Ninguna entidad autorizada condiciona un reembolso a un ingreso previo, y ese pago se pierde igual que los anteriores.
Conserve todo sin borrar nada. Exporte las conversaciones completas de WhatsApp o Telegram y no abandone el grupo ni bloquee a sus interlocutores hasta haberlas guardado, porque al salir puede perder el acceso al historial. Anote los números de teléfono, los nombres de usuario y los enlaces de invitación. Guarde los justificantes de cada transferencia o pago con tarjeta, con el IBAN y el titular de la cuenta de destino. Si compró criptomonedas y las envió usted mismo, guarde las direcciones de monedero y el identificador de cada transacción. Haga capturas de la plataforma con la dirección web visible, de su supuesto saldo y de los mensajes de error al intentar retirar.
Avise a su banco el mismo día, por un canal que deje constancia, y pida que intenten retener o retroceder las transferencias. Si pagó con tarjeta, comuníquelo también. Si instaló una aplicación de control remoto porque se lo pidió su «asesor», desinstálela, cambie las contraseñas desde otro dispositivo y revise si hay operaciones o préstamos que usted no ha pedido.
No avise a los estafadores de que va a denunciar, no firme nada que le envíen y no acepte recibir en su cuenta dinero de terceros para reenviarlo. Tampoco conteste a quien le ofrezca recuperar lo perdido a cambio de un pago por adelantado, de lo que hablo más abajo.
Estafa de criptomonedas por WhatsApp o Telegram, del grupo de inversión al saldo que no se puede retirar
El esquema se repite con pocas variaciones. Usted aparece añadido a un grupo de WhatsApp o Telegram, o llega a él desde un anuncio en redes sociales que usa sin permiso la imagen de un personaje conocido. En el grupo, un supuesto analista publica operaciones ganadoras y otros miembros, que forman parte del montaje, agradecen las ganancias con capturas de pantalla. Después un «asesor» le escribe en privado y le propone empezar con poco.
Ese poco suele ser una cifra redonda y baja. Los 250 euros de depósito inicial son tan habituales que mucha gente busca el fraude por ese importe. Con ellos se abre una cuenta en una plataforma que imita a un exchange o a un bróker, con gráficos, saldo y un área de cliente. El saldo sube, a veces incluso le dejan retirar una cantidad pequeña, y con esa confianza llegan las aportaciones grandes. Cuando pide retirar, aparecen las comisiones previas, los bloqueos de cuenta y el silencio.
Bajo la misma mecánica caben el falso bróker de bolsa, divisas o materias primas, la academia de «trading» que gestiona su dinero, el esquema piramidal que paga a los primeros con las aportaciones de los últimos y el enlace que suplanta a un exchange real para robarle las claves. Este último caso es distinto, porque ahí no hay inversión engañosa sino acceso a su cuenta, y lo trato en el artículo sobre el acceso ilícito a sus cuentas.
Las señales que permiten reconocerlo, antes o después de pagar, son siempre las mismas. La rentabilidad está garantizada o es muy superior a la de cualquier producto regulado. El contacto lo inicia un desconocido. Hay prisa por ingresar. Las transferencias van a cuentas de particulares o de sociedades sin relación con la plataforma, a menudo en otro país. La entidad no figura en ningún registro oficial. Retirar exige pagar primero.
Estafa de criptomonedas por Tinder, cuando el inversor que le aconseja es su pareja
La variante sentimental empieza en Tinder, en otra aplicación de citas o en una red social. Durante semanas no se habla de dinero. La relación pasa pronto a WhatsApp o Telegram y la otra persona, que nunca puede hacer una videollamada ni verse en persona, menciona de pasada que gana dinero con criptomonedas gracias a un familiar o a una plataforma que conoce. La propuesta de invertir juntos llega después, y la plataforma es tan falsa como el perfil.
Jurídicamente es la misma estafa. El engaño sentimental es el medio para conseguir el desplazamiento de dinero, y los importes se suman igual a efectos de pena. Tiene dos particularidades que conviene conocer. La víctima suele tardar más en denunciar, por vergüenza, y ese tiempo juega en contra del bloqueo de los fondos. Además, las conversaciones íntimas son prueba y hay que aportarlas, cosa que cuesta. El juzgado y la policía ven estos casos a diario y la denuncia no expone su vida privada más allá de lo necesario para acreditar el engaño.
De 400 a 250.000 euros, la pena de la estafa según el importe
El artículo 248 del Código Penal define la estafa como el engaño bastante para producir error en otro e inducirle a un acto de disposición en perjuicio propio. Una plataforma que simula inversiones inexistentes encaja sin dificultad. El artículo 249 castiga con la misma pena las defraudaciones cometidas mediante manipulación informática, que es lo que hay cuando alguien opera en su banca con un programa de control remoto.
La pena depende de la cuantía, y la cuantía marca también el tiempo que tiene para denunciar.
| Importe defraudado | Norma | Pena | Prescripción |
|---|---|---|---|
| Hasta 400 euros | Artículo 248 | Multa de uno a tres meses | Un año |
| Más de 400 y hasta 50.000 euros | Artículo 248 | Prisión de seis meses a tres años | Cinco años |
| Más de 50.000 euros | Artículo 250.1.5º | Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses | Diez años |
| Más de 250.000 euros | Artículo 250.2 | Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses | Diez años |
Dos precisiones cambian la lectura de la tabla. La primera es el delito continuado del artículo 74. Quien hizo seis transferencias a la misma trama no ha sufrido seis estafas pequeñas, y en los delitos patrimoniales la pena se fija atendiendo al perjuicio total. Varias aportaciones que por separado no llegan a 50.000 euros pueden superarlos sumadas. La segunda es que el artículo 250.1.5º se aplica también, con independencia del importe de cada perjudicado, cuando la defraudación afecta a un elevado número de personas, que es lo habitual en las plataformas que captan por grupos.
Los plazos de prescripción del artículo 131 son máximos, no una recomendación. Para el delito, cinco o diez años son mucho tiempo. Para el dinero, las primeras semanas son casi todo.
El artículo 282 bis, que castiga a los administradores de sociedades emisoras de valores que falsean la información de sus folletos para captar inversores, se cita a veces en estos asuntos. Está pensado para emisores reales que cotizan en mercados y rara vez alcanza a una plataforma ficticia, donde el delito es la estafa. Con la condena penal va la responsabilidad civil. El artículo 116 obliga al responsable del delito a restituir lo defraudado y a indemnizar los perjuicios.
Estafa de criptomonedas en España, lo que cambian MiCA y los registros de la CNMV
El Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA, exige autorización a quien preste en la Unión Europea servicios sobre criptoactivos, como la custodia, el intercambio o la gestión de una plataforma de negociación. En España la autoridad competente es la CNMV, con las facultades de supervisión y de advertencia al público que le atribuye la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Los proveedores autorizados figuran en registros públicos, y la CNMV publica además advertencias sobre entidades que operan sin autorización, a las que llama «chiringuitos financieros».
Comprobar ambos listados lleva unos minutos y sirve para dos cosas. Antes de invertir, descarta la mayoría de los fraudes. Después, la ausencia de la plataforma en el registro, o su presencia en la lista de advertencias, es un documento público que se aporta con la denuncia como indicio del engaño.
Tiene también límites. La falta de autorización no prueba por sí sola la estafa, que requiere acreditar el engaño y el perjuicio. La CNMV no investiga su caso concreto ni le devuelve el dinero. Y una advertencia publicada después de su inversión no convierte a nadie en responsable de su pérdida. La regulación sí tiene un efecto práctico de otro orden, porque los exchanges autorizados identifican a sus clientes, y esa identificación es lo que permite poner nombre al titular de una cuenta cuando el dinero pasa por uno de ellos.
Estafa de criptomonedas en Málaga o en A Coruña con los autores en otro país, qué juzgado investiga
Que la plataforma diga estar en Chipre, en Dubái o en ninguna parte no le impide denunciar en España. El delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares donde se realizó alguno de sus elementos, conforme al criterio de ubicuidad que aplica el Tribunal Supremo, y uno de esos elementos es el acto de disposición. Usted ordenó la transferencia desde su domicilio, de modo que un perjudicado de Málaga denuncia en Málaga y uno de A Coruña en A Coruña.
La denuncia puede presentarse en la Policía Nacional, en la Guardia Civil o en el juzgado de guardia. La diferencia entre unas vías y otras importa más de lo que parece. El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la policía, con algunas excepciones, no remitir el atestado al juzgado cuando no hay autor conocido. Una denuncia de pocas líneas, sin IBAN de destino, sin direcciones de monedero y sin petición de diligencias, corre el riesgo de quedarse archivada en dependencias policiales sin que ningún juez llegue a verla. Los datos que guardó el primer día son los que dan a la investigación un punto de partida.
Cuando los perjudicados son muchos y están repartidos por el territorio de varias audiencias provinciales, la causa puede corresponder a la Audiencia Nacional, como ha ocurrido con las grandes plataformas españolas. La cooperación con otros países existe y funciona con cierta agilidad dentro de la Unión Europea. Fuera de ella es más lenta y depende del Estado requerido.
En el despacho ejercemos la acusación particular en estas causas, y lo que hacemos en este punto es presentar los hechos ante el juzgado con las diligencias y las medidas sobre el dinero ya solicitadas, como explicamos en la página de estafas.
El rastro en la cadena de bloques y el embargo de los artículos 589 y siguientes
Las criptomonedas no son anónimas en el sentido en que suele creerse. Las transacciones de las principales redes quedan anotadas en un registro público y permanente, y cada movimiento puede seguirse de un monedero a otro. Lo que el registro no dice es quién está detrás de cada dirección. Ese dato lo tienen los exchanges, que identifican a sus clientes, y por eso el punto decisivo de cualquier rastreo es aquel en el que los fondos entran en una plataforma regulada para convertirse en euros o dólares.
Si el rastro llega hasta ahí, el juzgado puede requerir a la plataforma la identidad del titular y acordar el bloqueo del saldo. La base legal está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 13 incluye entre las primeras diligencias las dirigidas a proteger a los perjudicados, y los artículos 589 y siguientes regulan la fianza y el embargo de bienes para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Lo mismo vale para la cuenta bancaria que recibió su transferencia, cuando el dinero salió en euros.
El obstáculo es el tiempo. Las tramas mueven los fondos en horas, los fraccionan, los pasan por varios monederos, los cambian de moneda o los envían a servicios que mezclan operaciones de distintos usuarios para romper la trazabilidad. Cuando eso ya ha ocurrido y la salida se ha hecho por una plataforma sin controles en un país que no coopera, el rastreo puede terminar en una dirección sin nombre. Un informe pericial de trazabilidad tiene sentido cuando el importe lo justifica y todavía hay algo que seguir, y eso se decide caso por caso.
El banco y el exchange por donde salió su dinero, hasta dónde responden
La normativa de servicios de pago obliga al banco a devolver las operaciones que el cliente no ha autorizado. En la estafa de inversión, el problema es que casi siempre fue usted quien ordenó las transferencias, engañado, pero con sus claves y desde su dispositivo. Eso sitúa el caso en un terreno distinto del phishing clásico y más difícil frente a la entidad, aunque no lo cierra. La situación cambia si el «asesor» operó en su banca mediante un programa de control remoto, si se contrataron préstamos a su nombre o si hubo pagos con tarjeta que usted no hizo. En los artículos sobre qué debe devolver el banco en una ciberestafa y sobre la devolución tras un phishing explico el marco general. Qué se reclama a la entidad en su caso y cómo se plantea es trabajo del abogado, y lo vemos en fraude bancario.
Con el exchange hay que distinguir. Si usted compró criptomonedas en una plataforma real y autorizada y las envió por su propia orden a la dirección que le dieron los estafadores, esa plataforma ejecutó lo que usted le pidió y, en principio, no responde de la pérdida. Su utilidad es otra. Sus registros acreditan la operación y, si el monedero de destino pertenece también a un exchange, allí habrá un titular identificado. La plataforma falsa, por su parte, no es un exchange ni un tercero al que reclamar. Es el instrumento del delito.
La cuenta española que recibió la transferencia y el riesgo de acabar de mula
Con frecuencia la primera transferencia no va al extranjero, sino a una cuenta española a nombre de un particular. Su titular es lo que se conoce como mula. Recibe el dinero, se queda una comisión y lo reenvía, normalmente convertido en criptomonedas. Suele ser la única persona identificable de la cadena y la primera a la que llega la investigación.
Su responsabilidad está en el artículo 301 del Código Penal, que castiga el blanqueo de capitales con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Su apartado tercero castiga también la comisión por imprudencia grave, con prisión de seis meses a dos años. Según lo que supiera, puede responder además como partícipe en la propia estafa. Para la víctima, una mula condenada es un responsable civil con nombre y, a veces, con bienes.
El riesgo afecta también al estafado. Algunas tramas proponen a la víctima recuperar parte de lo perdido recibiendo fondos en su cuenta y reenviándolos, o le exigen hacerlo para desbloquear su saldo. Ese dinero procede de otros perjudicados, y quien lo mueve pasa de denunciante a investigado. Si ya lo ha hecho, necesita defensa antes de declarar, y eso corresponde a derecho penal.
Quien le ofrece recuperar el dinero cobrando por adelantado
Semanas o meses después del fraude, muchas víctimas reciben una llamada o un correo de un supuesto despacho, una empresa de rastreo o un organismo oficial que ha localizado sus fondos y puede devolvérselos previo pago de una tasa, un impuesto o unos honorarios. Conocen su nombre, el importe y la plataforma, porque los datos proceden de la misma trama o se han vendido a otra. Es una segunda estafa sobre la primera.
Ningún juzgado, policía ni regulador cobra por devolver dinero intervenido, y nadie puede garantizar una recuperación. Antes de pagar a quien dice ser abogado, compruebe su colegiación en el censo del colegio profesional que indique.
Arbistar y las causas con miles de perjudicados, personarse o esperar
Arbistar, la plataforma con sede en Tenerife que en 2020 dejó de atender las retiradas de sus clientes, es la referencia española de este tipo de fraude. La causa se ha seguido en la Audiencia Nacional por el número de afectados, que se cuentan por miles. Su enseñanza para quien hoy está en una situación parecida es doble. Estos procedimientos se miden en años, y el dinero disponible para repartir al final es el que se consiguió intervenir al principio, que casi nunca cubre todo lo defraudado.
En una causa así, el perjudicado que solo denuncia figura como tal y tiene derecho a ser informado, pero no interviene. El que se persona como acusación particular puede proponer diligencias, recurrir y reclamar su indemnización con su propia prueba. El artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez ordenar que varias acusaciones actúen bajo una misma dirección y representación, de manera que agruparse no siempre es una elección. Sumarse a una plataforma de afectados reparte costes. Antes de hacerlo conviene saber quién ejerce la dirección letrada, qué se firma y cómo se le va a informar.
El sobreseimiento provisional por autor desconocido y los veinte días para recurrirlo
Muchas de estas causas terminan, al menos en una primera fase, con un auto de sobreseimiento provisional del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque no se ha identificado al autor. La causa no se cierra del todo. Puede reabrirse mientras el delito no haya prescrito si aparecen datos nuevos, como la identificación de una mula, la respuesta tardía de un exchange o la detención de la trama en otra investigación.
La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, le reconoce el derecho a que se le comunique esa resolución y a recurrirla aunque no se hubiera personado antes en el procedimiento, en un plazo de veinte días. El recurso tiene sentido cuando quedaron diligencias útiles sin practicar. Si todo lo razonable se hizo y no dio resultado, recurrir no cambia nada.
La pérdida en la declaración de la renta
Haber sido estafado no permite, sin más, restar lo perdido en el IRPF del ejercicio. El criterio de la Dirección General de Tributos en estos supuestos es que lo que tiene el estafado es un derecho de crédito contra quien le defraudó, y que la pérdida patrimonial solo se computa cuando ese crédito puede considerarse incobrable conforme a las reglas de imputación temporal de la Ley del IRPF. Una de esas reglas atiende al tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento judicial dirigido a cobrarlo.
En la práctica, la denuncia y las actuaciones judiciales son también la base documental de ese tratamiento fiscal. El momento y la forma de declararlo dependen de cada caso y deben verse con quien le prepare la declaración.
Con qué importes y en qué situaciones merece la pena ir con abogado
Denunciar tiene sentido siempre. No cuesta dinero, interrumpe el silencio sobre unos hechos que pueden afectar a más personas, le permite ser informado si la trama cae en otra investigación y documenta la pérdida.
Ir con abogado es otra decisión, y depende de tres factores. El primero es cuánto tiempo ha pasado. El segundo es por dónde salió el dinero, porque una cuenta bancaria española o un exchange autorizado dejan un titular identificable y un monedero anónimo no. El tercero es el importe.
Con una transferencia reciente a una cuenta localizable, o con indicios de operaciones que usted no autorizó, la intervención letrada desde el primer escrito cambia el resultado posible. Con una cantidad pequeña, enviada hace meses en criptomonedas a un monedero sin identificar, lo honesto es decirle que la recuperación es improbable y que los honorarios pueden superar lo que se llegue a recobrar. En ese caso basta con una denuncia bien documentada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recuperar mi dinero si me han estafado con criptomonedas, y de qué depende?
A veces sí, y depende de que el dinero se localice y se bloquee antes de que desaparezca. Las opciones son mayores si la transferencia es reciente, si pasó por una cuenta bancaria o por un exchange identificable y si el juzgado acuerda pronto el embargo. Cuando los fondos ya están en monederos anónimos fuera de la Unión Europea, la recuperación es improbable.
¿Dónde y cómo denuncio, y qué pruebas tengo que guardar?
Puede denunciar en la Policía Nacional, en la Guardia Civil o en el juzgado de guardia de su domicilio, aunque los autores estén en el extranjero. Guarde sin borrar las conversaciones de WhatsApp o Telegram, los números y nombres de usuario, los justificantes de cada transferencia, las direcciones de monedero, los identificadores de las transacciones y capturas de la plataforma con su dirección web.
El aviso al banco le corresponde a usted y la petición de embargo a su abogado
El reparto de tareas es sencillo. A usted le toca hoy dejar de pagar, guardar las conversaciones y los justificantes y avisar a su banco. Al abogado le toca presentar los hechos ante el juzgado con las cuentas y los monederos de destino identificados y con la petición de que se bloqueen, que es el paso del que depende que quede algo que recuperar. Cada día que los fondos pasan sin intervenir reduce esa posibilidad.
En Perseus & RC Abogados ejercemos la acusación en causas por estafa y por delitos informáticos, y dirigimos la reclamación frente al banco cuando procede. Puede escribirnos desde la página de contacto o llamar al +34 677 841 007. Respondemos a la mayor brevedad.