Desde el 30 de diciembre de 2024, quien capta dinero en España para invertir en criptoactivos necesita autorización de la CNMV como proveedor de servicios de criptoactivos, conforme al Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA, con un periodo transitorio para las entidades ya operativas que en España terminó el 30 de diciembre de 2025. Hasta entonces bastaba con una inscripción en el registro del Banco de España creado en 2021 para la prevención del blanqueo, que no comprobaba ni la solvencia ni la realidad del negocio, y la mayoría de las pirámides que hoy están en los juzgados no tenía ni eso. Lo que la reforma no tocó es el Código Penal, y una inversión en criptomonedas que paga a los primeros partícipes con el dinero de los que entran después es una estafa de los artículos 248 a 250, con prisión de uno a seis años cuando lo defraudado supera los 50.000 euros o los perjudicados son muchos. Responden penal y civilmente quienes la organizaron y, según lo que hizo y lo que sabía, el conocido que le captó. Se denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de instrucción de su ciudad, aunque la plataforma diga tener la sede en Dubái, en Estonia o en ningún sitio.
Antes de denunciar, lo que debe guardar hoy y lo que no debe firmar
La prueba de estas estafas desaparece sola. El panel de la plataforma con su saldo ficticio deja de cargar, el grupo de Telegram se borra y el conocido que le metió deja de contestar. Guarde en un sitio que no dependa de nadie más los justificantes de cada transferencia o Bizum que hizo, los comprobantes de compra de criptomonedas en el exchange, las direcciones de las carteras a las que envió los fondos y el identificador de cada transacción, que aparece en el historial del exchange. Haga capturas con fecha visible del panel de la inversión, de las promesas de rentabilidad, del plan de comisiones por traer gente y de la web completa, y exporte los chats de WhatsApp y Telegram con el captador y con el grupo antes de que le expulsen.
Hay tres cosas que no debe hacer. No pague nada más, ni para «desbloquear» su saldo, ni como impuesto o comisión de retirada, ni para «recuperar» lo perdido, porque ese pago es la segunda fase del mismo fraude. No firme ni acepte por mensaje ningún documento que recalifique lo que entregó como préstamo personal, donación o aportación a una sociedad, aunque se lo presente el conocido a cambio de una devolución parcial, porque esa firma se usará después para negar que hubo inversión. Y no entregue a nadie las claves del exchange ni instale programas de acceso remoto, por mucho que quien llame diga ser de la plataforma, de la CNMV o de la Policía. Puede avisar a su banco y pedir al exchange el historial completo de su cuenta, que tiene obligación de conservar. Lo que no debe esperar es que el banco devuelva sin más una transferencia que ordenó usted, porque esa situación es distinta de la operación no autorizada que trato en el artículo sobre la devolución del dinero en ciberestafas.
Pagar a los antiguos con el dinero de los nuevos, por qué el Código Penal lo llama estafa
El artículo 248 del Código Penal castiga a quien, con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro y llevarle a un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. En un esquema piramidal el engaño está en el origen del negocio, porque la rentabilidad prometida sale de las aportaciones de los que entran detrás y de ninguna operación real con criptomonedas. El Tribunal Supremo lo viene tratando así desde los grandes casos de inversión filatélica, Fórum Filatélico y Afinsa, en los que calificó de estafa el negocio concebido desde el principio para no poder cumplir lo prometido. Que los primeros partícipes cobraran intereses no excluye el delito, es la parte del engaño que hace creíble el resto.
La pena depende de la cuantía y del número de perjudicados. El artículo 249 fija de seis meses a tres años de prisión para la estafa básica, con multa de uno a tres meses si lo defraudado no pasa de 400 euros. El artículo 250.1.5º eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, y en una pirámide concurre casi siempre al menos uno de los dos, porque la cuantía se suma por toda la trama y no por lo que perdió usted. El artículo 250.1.6º añade la misma agravación cuando el autor abusa de las relaciones personales que tenía con la víctima o de su credibilidad empresarial o profesional, que es el caso del asesor, el compañero de trabajo o el pariente que le convenció. Si la defraudación pasa de 250.000 euros, el artículo 250.2 castiga con prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. Como la captación se repite con cada inversor, el artículo 74 permite tratar la conducta como delito continuado, con la pena en su mitad superior y atendiendo al perjuicio total.
| Supuesto | Artículo del Código Penal | Pena |
|---|---|---|
| Lo defraudado no supera los 400 euros | 249 | Delito leve, multa de uno a tres meses |
| Estafa básica, más de 400 euros | 249 | Prisión de seis meses a tres años |
| Más de 50.000 euros, elevado número de perjudicados o abuso de relaciones personales | 250.1.5º y 250.1.6º | Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses |
| Más de 250.000 euros | 250.2 | Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses |
| Blanqueo de las comisiones cobradas por captar | 301 | Prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo |
Las cifras de la tabla deciden si el asunto se juzga en un juzgado de lo penal o en la Audiencia Provincial, y también el plazo de prescripción, que trato más abajo.
El conocido que le captó, cuándo es autor, cuándo cómplice y cuándo otra víctima
La posición penal de esa persona depende de lo que hizo y de lo que sabía. El artículo 28 considera autores a quienes realizan el hecho por sí o por medio de otro, a quienes inducen a otro a ejecutarlo y a quienes cooperan con un acto sin el cual no se habría cometido. Quien reclutaba inversores, cobraba comisión por cada uno, organizaba las reuniones y repetía la promesa de rentabilidad garantizada sabiendo que el dinero no se invertía es, como mínimo, cooperador necesario, con la misma pena que el organizador. El artículo 29 reserva la complicidad, con pena inferior en grado, para quien ayuda con actos que no eran imprescindibles. Quien solo recomendó la plataforma convencido de que era real, puso su propio dinero y lo perdió, es un perjudicado más, aunque hoy le cueste perdonarle la insistencia.
La frontera entre una cosa y otra la marcan las comisiones y el conocimiento. Las pirámides de criptomonedas pagan a los captadores un porcentaje de lo que aportan sus referidos, con niveles, códigos y rangos, y ese dinero procede directamente del delito. El artículo 301 castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo a quien adquiere, posee o utiliza bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, y su apartado 3 mantiene una pena menor para quien lo hace por imprudencia grave, que es el que no quiso ver lo evidente. El captador que cobró comisiones tiene, por tanto, un problema penal propio aunque no se le pruebe el dolo de la estafa, y esas comisiones son embargables y decomisables. La prueba está en los mensajes que usted guardó, en el plan de compensación de la plataforma y en los movimientos de su cuenta, que el juzgado puede pedir al banco.
Si ese conocido pasa de la evasiva a la presión para que no denuncie o la retire, la conducta puede tener encaje propio como coacción o amenaza, y lo explico en el artículo sobre amenazas y coacciones.
Quién devuelve el dinero, la responsabilidad civil del delito y el bloqueo de cuentas y carteras
La condena penal lleva aparejada la obligación de reparar. Los artículos 109 a 116 del Código Penal obligan a los responsables del delito a restituir lo entregado, reparar el perjuicio e indemnizar los daños, y el artículo 116 hace solidaria esa responsabilidad entre los autores y entre los cómplices dentro de su clase, de modo que puede reclamar el total a cualquiera de los condenados con patrimonio. El artículo 122 alcanza incluso a quien no participó en el delito pero se benefició de él a título lucrativo, hasta el límite de lo recibido, lo que afecta a los partícipes que retiraron más de lo que aportaron. El artículo 127 ordena el decomiso de las ganancias del delito y de los bienes en que se hayan transformado, y las criptomonedas de una cartera identificada se decomisan como cualquier otro bien.
El título para cobrar existe desde la sentencia. Lo difícil es que quede algo que embargar cuando llegue, porque en una pirámide el dinero circula desde el primer día hacia carteras intermedias, exchanges sin control y cuentas de terceros. Por eso la ley permite actuar antes de la condena. El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al juez instructor a adoptar desde las primeras diligencias las medidas necesarias para proteger a los ofendidos, y los artículos 589 y siguientes regulan la fianza y el embargo de bienes del investigado para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Con una cadena de bloques pública, las transacciones se siguen de una dirección a otra hasta que el dinero toca un proveedor regulado, que tiene identificado a su cliente y puede recibir un requerimiento judicial de congelación. Ese seguimiento es prueba y es el camino hacia lo embargable.
En el despacho, en ese punto, lo que hacemos por el perjudicado es personarle en la causa y pedir al juzgado los bloqueos y requerimientos sobre lo que todavía esté localizable, dentro de la defensa de las víctimas de estafas de inversión que ejercemos.
CNMV, Banco de España y MiCA, lo que prueba la falta de autorización y lo que no
La Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, reserva la prestación de servicios de inversión a las entidades autorizadas e inscritas en la CNMV, y la propia CNMV publica advertencias sobre las que captan clientes sin estarlo, los «chiringuitos financieros». Desde la aplicación de MiCA, el registro de proveedores de servicios de criptoactivos autorizados también depende de la CNMV, y la Circular 1/2022 de la CNMV exige que la publicidad de criptoactivos dirigida a inversores en España incluya la advertencia de riesgo y que las campañas masivas se comuniquen previamente al supervisor. El Reglamento (UE) 2023/1113, aprobado junto a MiCA, obliga además a los proveedores a acompañar cada transferencia de criptoactivos con los datos de quien ordena y de quien recibe.
Comprobar en esos registros que la plataforma no figura en ninguno le cuesta unos minutos y sirve para dos cosas. En la denuncia, esa ausencia es un indicio del engaño, porque quien decía gestionar inversiones carecía de permiso y lo ocultó. En el seguimiento del dinero, la presencia de proveedores regulados en la ruta de los fondos es lo que permite pedir datos y bloqueos, porque un exchange con autorización europea atiende los requerimientos judiciales y uno radicado en una isla sin convenio no lo hace. Lo que la falta de autorización no hace es convertir por sí sola en estafa cualquier inversión fallida ni obligar a nadie a devolverle nada, porque la devolución se decide en el proceso penal o en la reclamación civil, no en el expediente del supervisor.
Sobre el banco desde el que salió su transferencia, la normativa de servicios de pago obliga a devolver las operaciones no autorizadas, y una transferencia ordenada por usted a una cuenta que eligió no lo es, aunque le engañaran para ordenarla. Hay supuestos en los que el banco emisor o el receptor tienen algo que responder, en particular cuando la cuenta de destino era una cuenta mula abierta sin los controles debidos, y cómo se plantea esa reclamación, y contra quién, es trabajo del abogado. En el artículo sobre la devolución del banco tras un phishing explico la diferencia entre una operación autorizada y otra que no lo es.
Denunciar en Valladolid, Málaga o A Coruña una plataforma que dice estar en Dubái
El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye la instrucción al juzgado del lugar donde se cometió el delito, y el Tribunal Supremo fijó para la estafa que ese lugar es cualquiera de los que intervienen en el delito, incluido aquel en el que la víctima realizó el acto de disposición patrimonial. Si ordenó la transferencia desde su casa en Valladolid, en Málaga, en Córdoba o en A Coruña, el juzgado de instrucción de su ciudad es competente, y la denuncia se presenta allí, en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, con independencia de dónde esté el servidor o la sede que la plataforma dice tener. Cuando los perjudicados están repartidos por varias provincias y el fraude afecta a una generalidad de personas, el artículo 65.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que la instrucción se concentre en la Audiencia Nacional, como ha ocurrido en las tramas de mayor tamaño.
Que los organizadores estén fuera de España no convierte la denuncia en inútil. Dentro de la Unión Europea, la orden europea de investigación, incorporada a la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, permite al juez español pedir a un exchange o a un banco de otro Estado miembro los datos de una cuenta o su congelación, y Europol y Eurojust coordinan las investigaciones con víctimas en varios países. Fuera de la Unión, la cooperación depende de los convenios con cada Estado y es más lenta, pero el rastro de las criptomonedas es público y no depende de la jurisdicción. Lo que se mueve en la cadena de bloques queda registrado, y el punto débil de los estafadores es que para convertirlo en euros tienen que pasar por algún proveedor que les pida identificación.
La denuncia también interrumpe la prescripción, fija la fecha de los hechos y da al juzgado la base para acordar bloqueos. Sin denuncia, nada de eso ocurre.
Varios afectados, el grupo de Telegram y el falso recuperador que llamará después
Si fueron varios los que entraron por el mismo conocido o en la misma plataforma, denunciar juntos tiene sentido. Los hechos son conexos, el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite instruirlos en una sola causa, la cuantía total es la que activa la agravación del artículo 250 y una acusación particular que represente a un grupo reparte el coste y pesa más ante el juzgado que una decena de denuncias sueltas. Lo que no conviene es organizarse en el grupo de afectados que aparece de la nada en Telegram, con un administrador que nadie conoce y que propone contratar a una empresa de recuperación.
El falso recuperador es la estafa que sigue a la estafa. Semanas después de la pérdida, alguien se presenta como abogado, como perito en blockchain, como funcionario de la CNMV o de una unidad policial, dice haber localizado sus fondos y pide un pago previo, una provisión, una tasa o las claves de su cartera para hacer la devolución. La CNMV ha advertido en repetidas ocasiones de estas prácticas. Ningún juzgado, ninguna policía y ningún supervisor cobra por adelantado para devolver dinero, y ningún abogado colegiado le pide las claves de su cuenta. Compruebe el número de colegiado de quien dice ser abogado en el buscador del Consejo General de la Abogacía antes de seguir hablando.
Diez años para denunciar y un procedimiento que se mide en años
La estafa agravada del artículo 250 prescribe a los diez años, porque el artículo 131 del Código Penal fija ese plazo para los delitos con pena máxima de prisión superior a cinco años, y la estafa básica del artículo 249 prescribe a los cinco. En el delito continuado el plazo se cuenta, según el artículo 132, desde la última infracción, que en una pirámide suele ser la última aportación captada. El plazo legal, por tanto, no es lo que apremia. Lo que apremia es la prueba que se borra y el dinero que se mueve, y por eso la denuncia debe presentarse en semanas.
En cuanto a la duración, una instrucción con decenas o cientos de perjudicados, requerimientos a proveedores de varios países y análisis de carteras se prolonga durante años antes del juicio, y la posibilidad de cobrar depende casi por completo de lo que se haya bloqueado en los primeros meses. Una condena con una responsabilidad civil que nadie puede pagar es el final habitual cuando se denuncia tarde y sin pedir medidas. La pérdida, una vez acreditada en el procedimiento, puede tener reflejo en su IRPF como pérdida patrimonial, pero el momento y las condiciones dependen del criterio de la Dirección General de Tributos y es cuestión para el asesor fiscal cuando la causa esté abierta.
Preguntas frecuentes
¿Qué pena tiene en España una estafa con criptomonedas y cambia según la cantidad estafada?
La pena básica es de seis meses a tres años de prisión (artículo 249 del Código Penal) y sube a prisión de uno a seis años y multa cuando lo defraudado supera los 50.000 euros o hay un elevado número de perjudicados (artículo 250.1.5º). Si supera los 250.000 euros, de cuatro a ocho años (artículo 250.2). Por debajo de 400 euros es delito leve, castigado solo con multa.
¿Denuncia o querella? ¿Me conviene personarme como acusación particular?
La querella la firma un abogado y le hace parte desde el inicio; la denuncia puede presentarla usted y le deja fuera de la causa hasta que se persone. La personación como acusación particular (artículos 109 y 110 de la LECrim) permite pedir bloqueos, proponer prueba y reclamar su dinero. Compensa desde unos miles de euros o si son varios afectados; por unos cientos, basta la denuncia.
El paso que toca dar ya es la denuncia con los justificantes, las direcciones de las carteras y los mensajes del captador, acompañada de la petición al juzgado de que bloquee lo que todavía esté localizable, y esa petición, con la personación como acusación particular, la redacta y la sostiene el abogado, porque cada semana que pasa el dinero cambia de cartera y de país. En el despacho ejercemos la defensa de los perjudicados en estafas de inversión y criptomonedas y en delitos informáticos, en A Coruña y ante cualquier juzgado de España. Puede llamar al +34 677 841 007 o escribirnos desde la página de contacto, y respondemos a la mayor brevedad.