Transferencia no autorizada, qué hacer hoy

Avise al banco hoy mismo y denuncie. Si usted no ordenó la transferencia, la normativa de servicios de pago obliga al banco a devolver el importe.

El plazo que corre ahora se mide en horas, porque el aviso al banco debe darse en cuanto se ve el cargo y una transferencia solo puede retenerse mientras el dinero sigue en la cuenta de destino. Una transferencia no autorizada es la que sale de su cuenta sin que usted haya dado la orden, y en ese caso la normativa de servicios de pago obliga al banco a devolver el importe, salvo que la entidad sostenga que hubo fraude o negligencia grave por su parte. La denuncia conviene presentarla en los días siguientes. Detrás vienen plazos más largos, que son los doce meses durante los que las operadoras conservan los datos de conexión y la prescripción del delito, de uno, cinco o diez años según la cantidad sustraída.

Sigo ese mismo orden, empezando por lo que le corresponde a usted hoy.

Me han robado dinero de la cuenta bancaria, las gestiones que no pueden esperar a mañana

Llame al banco por el teléfono que figura en su tarjeta, en su contrato o en la aplicación oficial, nunca por el número que aparezca en un mensaje o en una llamada recibida. Comunique que hay una operación que usted no ha ordenado, pida el bloqueo de la banca electrónica y de las tarjetas, y solicite que la entidad intente retener o recuperar el importe del banco de destino. Anote la hora de la llamada, el nombre de quien le atiende y el número de incidencia, y pida que le confirmen el aviso por escrito.

Revise después el resto de productos. Quien entra en una banca electrónica no suele limitarse a una transferencia, y es frecuente que contrate un préstamo preconcedido o amplíe el límite de una tarjeta para disponer de más saldo. Si ve alguna de esas operaciones, comuníquela en la misma llamada.

Cambie las contraseñas del banco y del correo electrónico desde un dispositivo distinto del que pudo quedar comprometido. Si el teléfono se quedó sin cobertura poco antes de la transferencia, llame a su operadora, porque puede tratarse de un duplicado de la tarjeta SIM.

Lo que conserve hoy es lo que se podrá probar dentro de un año. Guarde esto sin modificarlo.

  • Los SMS, correos y mensajes de WhatsApp recibidos, sin borrarlos ni reenviarlos desde otra aplicación.
  • El registro de llamadas del teléfono, con capturas donde se vean número, fecha y hora.
  • El extracto de movimientos y el justificante de cada operación discutida, descargados en PDF.
  • Las notificaciones de la aplicación del banco y los códigos recibidos, con su hora.
  • El propio teléfono y el ordenador tal como están, sin restaurarlos de fábrica ni formatearlos.

Tres cosas que no debe hacer. No instale ninguna aplicación que le indique alguien por teléfono, aunque diga llamar del departamento de seguridad. No firme ningún documento de la entidad en el que se reconozca que usted facilitó sus claves o que acepta una devolución parcial como liquidación definitiva. Y no pague a quien le ofrezca recuperar el dinero a cambio de un anticipo, porque es una segunda estafa sobre la primera.

Transferencia bancaria no autorizada, autorizada bajo engaño o enviada por error

Los tres supuestos se confunden a menudo y tienen consecuencias distintas, así que lo primero es saber cuál es el suyo.

La transferencia no autorizada es la que ordenó otra persona. Alguien obtuvo sus credenciales con un enlace falso, duplicó su SIM, instaló un programa de acceso remoto en su teléfono o entró en su correo, y operó en su banca electrónica sin que usted interviniera. Es el supuesto en el que la posición del cliente frente al banco es más sólida.

La transferencia autorizada bajo engaño es la que tecleó usted mismo, convencido por un falso empleado del banco de que debía mover el dinero a una «cuenta segura», por un proveedor suplantado que le envió una factura con otro IBAN o por un supuesto familiar en apuros. El banco la tratará como una operación ordenada por el cliente. El asunto no queda cerrado por eso, porque la entidad responde también por falta de diligencia en el cumplimiento del contrato conforme a los artículos 1101 y 1104 del Código Civil, y una operación anómala que debió detectarse y no se detectó puede generar responsabilidad. Es, con todo, una reclamación más difícil. Hay además casos intermedios, en los que el cliente solo dictó un código y fue el estafador quien dio la orden, que el banco presenta como autorizados y que jurídicamente no lo son.

La transferencia enviada por error es la que usted ordenó con un IBAN equivocado. No hay fraude y el banco no está obligado a reponer el dinero, aunque debe colaborar para intentar recuperarlo. La acción se dirige contra quien lo recibió sin tener derecho a ello, por el cobro de lo indebido del artículo 1895 del Código Civil.

La obligación del banco de reponer la cuenta y la objeción de las claves y el SMS

En una operación no autorizada, la normativa de servicios de pago impone a la entidad la obligación de devolver el importe y dejar la cuenta en el estado en que estaría si la operación no se hubiera hecho. Eso incluye las comisiones y los intereses que el descubierto haya generado. Si el asunto llega al juzgado se reclaman también los intereses legales, y las costas dependen del resultado.

La respuesta habitual de las entidades es conocida. El banco contesta que la operación se realizó con las claves del cliente y se confirmó con el código enviado por SMS a su teléfono, de lo que deduce que el cliente la autorizó o que fue gravemente negligente al custodiar sus credenciales. Esa carta mezcla dos conceptos diferentes. La autenticación es la comprobación técnica de que se introdujeron las credenciales correctas, y la autorización es el consentimiento del titular. Que una operación esté autenticada no significa que el titular la consintiera.

La negligencia grave, que es lo único que junto al fraude del propio cliente libera a la entidad, es un concepto jurídico más exigente que el simple descuido. Si concurre o no se decide caso por caso, con la documentación técnica de la operación y con lo que el cliente haya declarado desde el primer día. Los tribunales han ido fijando criterios sobre la diligencia que se exige a cada parte, y no todos los juzgados los aplican con el mismo rasero.

La ley fija plazos para que usted comunique la operación y para que el banco responda. No los detallo, porque el modo y el momento en que se plantea cada escrito es trabajo del abogado. Lo que sí debe saber es que el retraso injustificado en avisar es el primer argumento que la entidad usará en su contra, y que si se dio cuenta tarde hay que poder explicar por qué.

Cuando la entidad contesta por escrito que la operación fue correcta, o cuando no contesta, el asunto deja de ser una gestión de ventanilla. En el despacho estudiamos esa respuesta junto con la documentación de la operación y dirigimos la reclamación por fraude bancario contra la entidad. En este otro artículo sobre la devolución tras un phishing explico el mismo problema desde el engaño previo.

Transferencia no autorizada en BBVA o en cualquier otra entidad, la misma regla con distinta aplicación

La obligación es la misma para BBVA, Santander, CaixaBank, Abanca, los bancos exclusivamente digitales y las entidades de pago que operan en España. El nombre del banco no cambia el derecho del cliente. Cambian el teléfono de fraude, el formulario de la aplicación, la rapidez de respuesta y la política interna sobre cuándo se devuelve sin discutir.

Todas las entidades están obligadas a tener un servicio de atención al cliente que resuelva las reclamaciones, regulado para estos efectos en la Orden ECC/2502/2012. Es gratuito, pero quien decide es la propia entidad. El Banco de España tramita reclamaciones también sin coste y emite un informe sobre si el banco se ajustó a la normativa y a las buenas prácticas. Ese informe no es vinculante y no condena a pagar, aunque un informe favorable tiene peso en una negociación o en un pleito posterior. El único que puede obligar al banco a devolver el dinero es el juzgado civil. La causa penal persigue al autor, y solo devuelve el dinero si se le identifica, se le condena y tiene con qué pagar.

Con entidades que operan desde otro país de la Unión Europea sin sucursal en España, la protección de fondo es equivalente porque la norma procede de una directiva europea, pero la reclamación ante el supervisor y la eventual demanda son más complejas.

Qué vía conviene en cada caso depende del importe, del tipo de operación y de lo que el banco haya contestado. Elegirla es la primera decisión del abogado.

Si el aviso dice que su transferencia no fue autorizada por el banco emisor

Ese mensaje describe la situación contraria a la de este artículo. Aparece cuando usted intenta un pago o una transferencia y su propio banco, o el emisor de la tarjeta, lo rechaza por superar un límite, por falta de saldo o por un filtro de seguridad. No ha salido dinero de la cuenta y se resuelve con la entidad, normalmente ajustando el límite o confirmando la operación.

La precaución es otra. Si recibe un SMS o un correo con ese texto y un enlace sin haber intentado ninguna operación, lo más probable es que sea el cebo de un phishing. No pulse el enlace y entre en su banca electrónica por la vía habitual para comprobarlo.

Quien llegue a esta página con una cuenta en una entidad de fuera de Europa, como BancoEstado, Ualá, Banorte o Bradesco, debe tener presente que lo que explico es derecho español y europeo, y que su reclamación se rige por la ley del país de su banco.

La pena de quien vació la cuenta, del artículo 249 del Código Penal al 197 bis

Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022, la estafa informática está en el artículo 249 del Código Penal. Castiga a quien, con ánimo de lucro, consigue una transferencia no consentida de un activo patrimonial mediante manipulación informática o artificio semejante, y también a quien utiliza de forma fraudulenta tarjetas, instrumentos de pago o sus datos. Cuando lo que hubo fue un engaño que llevó a la víctima a transferir por sí misma, el tipo es la estafa común del artículo 248. La pena es la misma en ambos casos y depende del importe.

Importe sustraído Precepto Pena Prescripción
Hasta 400 euros Artículos 248 y 249 CP Multa de uno a tres meses Un año
Más de 400 euros Artículos 248 y 249 CP Prisión de seis meses a tres años Cinco años
Más de 50.000 euros Artículo 250.1 CP Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses Diez años
Más de 250.000 euros Artículo 250.2 CP Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses Diez años

La prescripción resulta del artículo 131 del Código Penal. La fila que importa a efectos prácticos es la primera, porque por debajo de 400 euros el hecho es delito leve y prescribe al año.

Si para ordenar la transferencia alguien entró en su correo, en su teléfono o en su banca electrónica vulnerando las medidas de seguridad, concurre además el acceso ilícito a sistemas del artículo 197 bis, castigado con prisión de seis meses a dos años. Lo desarrollo en el artículo sobre el delito de acceso ilícito.

La denuncia penal y la reclamación al banco pueden ir a la vez

Una vía no excluye la otra y conviene abrir las dos. La denuncia no suspende la obligación del banco, y la entidad suele pedir copia de ella para tramitar la reclamación. Se presenta ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia, en cualquier lugar de España, conforme a los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La investigación corresponde en principio al juzgado del lugar donde se cometió el delito. En los fraudes por internet, la víctima suele estar en una provincia, la cuenta de destino en otra y el autor en una tercera. El Tribunal Supremo aplica para estos casos el criterio de la ubicuidad, según el cual el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares donde se realizó alguno de sus elementos, y conoce el juzgado que primero inicia las actuaciones. Puede denunciar en su ciudad.

Hay dos datos del calendario que afectan a la denuncia. El primero es que, cuando no hay autor conocido, el artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la policía conservar el atestado sin remitirlo al juzgado, con algunas excepciones. Una denuncia sin datos que investigar puede no llegar nunca a un juez. El segundo es que la Ley 25/2007 obliga a las operadoras a conservar los datos de conexión durante doce meses, y su cesión requiere autorización judicial. Si esa petición no se hace a tiempo, la dirección IP desde la que se ordenó la transferencia deja de existir.

Lo que declare en la denuncia debe ser exacto y coincidir con lo que haya comunicado al banco, porque la entidad leerá esa denuncia buscando en ella la negligencia grave. Coordinar ambas vías para que una no frene a la otra es una decisión técnica que conviene tomar con abogado desde el principio.

El titular de la cuenta de destino, entre testaferro y blanqueo imprudente

La cuenta que recibe el dinero casi nunca es del autor. Suele pertenecer a un intermediario, la llamada mula, que aceptó una oferta de trabajo falsa o cedió su cuenta a cambio de una comisión y reenvió el importe a otra cuenta o lo convirtió en criptomonedas. Es la persona más fácil de identificar, porque el banco de destino tiene su documento de identidad.

Esa conducta puede constituir blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal, con prisión de seis meses a seis años, y el apartado tercero castiga también la imprudencia grave, con prisión de seis meses a dos años y multa. Alegar que no se sabía de dónde venía el dinero no basta cuando las circunstancias debían hacerlo sospechar. La mula responde civilmente de lo que pasó por su cuenta, aunque muchas veces carece de bienes.

Si es usted quien ha recibido en su cuenta un ingreso de origen desconocido y alguien le pide que lo reenvíe, no lo haga. Comuníquelo a su banco y a la policía, y consulte con un abogado antes de declarar. En el despacho ejercemos la defensa penal en estos asuntos dentro del ámbito de los delitos informáticos.

Sobreseimiento provisional sin haber identificado a nadie, qué queda después

Muchas causas por fraude bancario terminan con un sobreseimiento provisional del artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque el delito resulta acreditado pero no hay persona determinada a quien acusar. No es una absolución ni una declaración de que no hubo delito. La causa puede reabrirse si aparecen datos nuevos mientras el delito no haya prescrito, y la resolución se puede recurrir en un plazo breve cuando quedaron diligencias útiles sin practicar.

El archivo penal no afecta a la reclamación contra el banco. La obligación de la entidad nace de la normativa de servicios de pago y del contrato de cuenta, y no depende de que se detenga a nadie. En el artículo sobre cómo recuperar el dinero de una ciberestafa trato con más detalle las fuentes de las que puede volver el importe.

Autónomos, empresas, cuentas compartidas y transferencias inmediatas

La protección es más intensa para el consumidor. Cuando el titular es una empresa que no tiene la condición de microempresa, la ley permite que el contrato excluya parte de ese régimen, y hay que leer las condiciones firmadas antes de reclamar. En el fraude de la factura con el IBAN cambiado, además, la orden la da la propia empresa, por lo que el supuesto suele ser el de la transferencia autorizada bajo engaño.

En una cuenta con varios titulares, cualquiera de ellos puede dar el aviso y reclamar. La operación ordenada por un cotitular o por un autorizado con firma no es una transferencia no autorizada frente al banco, aunque el otro titular no la consintiera, y el conflicto es entre ellos.

La transferencia inmediata llega a destino en segundos y reduce casi a nada el margen para retenerla, lo que hace más urgente el aviso. Desde octubre de 2025, el Reglamento (UE) 2024/886 obliga a los bancos de la zona euro a ofrecer la verificación del beneficiario, que compara el nombre indicado con el titular del IBAN antes de que se autorice la operación. Si la entidad mostró o no esa advertencia es hoy un dato relevante en cualquier reclamación.

Cuando el dinero ha salido a una cuenta en el extranjero, las posibilidades de recuperarlo del destinatario disminuyen y la investigación depende de la cooperación judicial internacional. La reclamación contra su propio banco no cambia por ese motivo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo reportar una transferencia no autorizada?

Se comunica primero al banco, por su teléfono oficial o la aplicación, pidiendo el bloqueo de la banca electrónica y que intente retener el importe, y después se denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia. Anote la hora del aviso y el número de incidencia, y pida confirmación escrita. La reclamación formal posterior conviene que la prepare un abogado.

¿Cuánto cuesta reclamar y compensa si el importe es pequeño?

Avisar al banco, reclamar ante su servicio de atención al cliente, acudir al Banco de España y denunciar no cuesta nada. El gasto aparece si hay que demandar, y por debajo de 2.000 euros la ley no exige abogado ni procurador. Con importes de unos cientos de euros un abogado rara vez compensa. A partir de unos miles, o si el banco alega negligencia grave, sí.

¿Cuánto tarda en resolverse desde que reclamo hasta que recupero el dinero?

Entre unos días y más de un año, según devuelva el banco al recibir la reclamación o haya que acudir al juzgado. Si la entidad acepta, el dinero vuelve en días o pocas semanas. Si se niega, el procedimiento civil dura meses y puede superar el año según la carga de trabajo del juzgado. La causa penal, cuando se identifica al autor, suele ser más lenta.

La primera reclamación escrita al banco, quién la firma y por qué

El aviso telefónico de hoy y la denuncia de esta semana le corresponden a usted, y nadie puede darlos antes. El paso siguiente es la reclamación escrita a la entidad, y ese conviene que no lo dé solo. Lo que se afirme en ese escrito sobre cómo se obtuvieron las claves o quién tecleó el código será lo que el banco utilice después para sostener la negligencia grave, y una versión imprecisa dada el primer día es difícil de corregir más tarde.

En Perseus & RC Abogados revisamos la documentación de la operación y la respuesta de la entidad, decidimos la vía y dirigimos la reclamación por fraude bancario y, cuando procede, la acusación en la causa penal. Puede llamar al +34 677 841 007 o escribirnos desde la página de contacto.