Quien firma un microcrédito responde de él con todos sus bienes presentes y futuros, así lo dice el artículo 1911 del Código Civil, y eso no cambia porque el prestamista sea una web y el importe sean trescientos euros. Lo que sí cambia, y rara vez lo sabe el deudor, es de qué responde. Si el interés pactado es usurario, el contrato es nulo por la Ley de Represión de la Usura de 1908 y el perjuicio lo soporta el prestamista, que pierde los intereses, las comisiones y el coste de las prórrogas y solo puede exigir el capital que entregó. Quien deja de pagar a Moneyman no se enfrenta a la cifra que figura en el último correo de reclamación, sino a la que resulte de aplicar esa ley, y entre una y otra suele haber una distancia enorme. Lo explico por fases, con los preceptos y los plazos, porque casi nada de lo que se lee sobre este asunto cita una sola norma.
Qué firmó y cuánto le pueden exigir de verdad
Un microcrédito online es un préstamo al consumo cuya tasa anual equivalente (TAE) se mide en cientos o miles por ciento, porque la fórmula de la TAE anualiza el coste de un préstamo pensado para treinta días. Ese dato decide todo lo demás.
El artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 declara nulo el préstamo cuyo interés sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. El Tribunal Supremo ha fijado cómo se mide ese «notablemente superior» en sus sentencias de 25 de noviembre de 2015, 4 de marzo de 2020 y 15 de febrero de 2023. La referencia es el tipo medio que publica el Banco de España para la categoría de producto a la que pertenece el crédito, y la sentencia de 2023 concretó que, en tarjetas revolving, superar ese tipo medio en seis puntos ya es usura. Los microcréditos no tienen categoría propia en las estadísticas del Banco de España, y los juzgados los comparan con el crédito al consumo o con las tarjetas, que son los productos más caros con dato oficial. Con una TAE de tres o cuatro cifras, la comparación se resuelve casi siempre del mismo modo, aunque algunas Audiencias han aceptado que un préstamo de pocos días con un coste absoluto bajo no encaja en el esquema de la ley. Esa discusión existe y hay que conocerla antes de reclamar.
La Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo añade dos herramientas. Su artículo 14 obliga al prestamista a evaluar la solvencia del cliente antes de conceder el crédito, y su artículo 28 permite desistir del contrato en catorce días naturales desde la firma devolviendo el capital y el interés de esos días. Hay una salvedad que afecta a muchos microcréditos y que casi nadie menciona. El artículo 3 de esa ley excluye de su ámbito los créditos de importe inferior a 200 euros, de modo que por debajo de esa cifra la Ley de Usura y la normativa de consumidores siguen aplicándose íntegramente, pero el desistimiento legal y la obligación de evaluar la solvencia solo existen si el contrato los recoge.
Cronología del impago, de la primera cuota al juzgado
Nada más vencer la fecha sin pago, el contrato activa el interés de demora pactado y, en muchos microcréditos, una comisión fija por reclamación de posiciones deudoras. Sobre las dos cosas hay doctrina. El Tribunal Supremo considera abusivo, en préstamos a consumidores, el interés de demora que supera en más de dos puntos el interés remuneratorio (sentencia de 22 de abril de 2015), y declaró abusiva la comisión por reclamación de posiciones deudoras cobrada de forma automática sin acreditar gestión alguna (sentencia de 25 de octubre de 2019), con apoyo en los artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si no se pactó interés de demora, se aplica el legal del artículo 1108 del Código Civil. Y si el préstamo entero es usurario, no hay interés de demora que valga, porque la nulidad arrastra todo lo que no sea el capital.
Durante las primeras semanas la reclamación es interna, con correos, SMS y llamadas del propio prestamista ofreciendo prórrogas o planes de pago. Después, normalmente entre el primer y el tercer mes, el expediente pasa a una empresa de recobro externa o se cede a un fondo, y en paralelo se produce la inclusión en un fichero de morosos, casi siempre ASNEF. La demanda judicial es la última fase y para deudas de este tamaño llega, cuando llega, meses o años después, con frecuencia ya en manos de un fondo que ha comprado el crédito por una fracción de su valor.
¿Se puede dejar de pagar sin más? Se puede, pero no es gratis. Las salidas reales son una prórroga o un plan de pago negociado con la entidad, que detiene el recobro pero encarece la deuda; una reclamación por usura, que puede reducirla al capital; y el mecanismo de segunda oportunidad cuando el microcrédito es solo una parte de un endeudamiento inasumible. Cuál conviene depende de la fase en que esté y de lo que ya haya pagado.
El monitorio del juzgado y los veinte días
La vía que usan los prestamistas y los fondos es el proceso monitorio de los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin límite de cuantía. El juzgado le notifica un requerimiento de pago y desde ese día dispone de veinte días hábiles (artículo 815) para pagar o presentar escrito de oposición. Si no hace ninguna de las dos cosas, el artículo 816 permite despachar ejecución directamente, con intereses y costas, sin juicio y sin posibilidad de discutir ya la cuantía. Es el error más caro que se comete con estas deudas, porque convierte una reclamación discutible en un título ejecutivo firme.
Desde 2015 el artículo 815.4 obliga al juez a examinar de oficio, antes de requerir el pago, si el contrato contiene cláusulas abusivas, y por esa vía algunos juzgados ya recortan comisiones e intereses de demora. La usura no es una cláusula abusiva sino un vicio del contrato entero con régimen propio, y no todos los juzgados la examinan si el deudor no la alega. Si presenta oposición, el monitorio se transforma en juicio verbal cuando la cuantía no supera los 15.000 euros (límite fijado por el Real Decreto-ley 6/2023, en vigor desde el 20 de marzo de 2024) y ahí se discute cuánto se debe. Para reclamaciones inferiores a 2.000 euros no es obligatorio abogado ni procurador, pero una oposición que se limite a decir que los intereses son altos, sin el cálculo y la comparación que exige el Supremo, se pierde y con costas. Cómo se construye esa oposición es trabajo del abogado.
Qué pueden embargar y qué no
Si la deuda llega a ejecución, el artículo 592 de la LEC marca el orden de los embargos, empezando por el dinero y las cuentas, siguiendo por sueldos y pensiones y devoluciones de Hacienda, y dejando para el final los bienes muebles e inmuebles. Para un microcrédito lo habitual es la cuenta bancaria y la devolución del IRPF. Los límites del sueldo y la pensión están en el artículo 607 y se calculan por tramos sobre el salario mínimo interprofesional vigente.
| Tramo del ingreso mensual neto | Parte embargable |
|---|---|
| Hasta el salario mínimo interprofesional | Nada |
| Entre una y dos veces el salario mínimo | 30 % |
| Entre dos y tres veces | 50 % |
| Entre tres y cuatro veces | 60 % |
| Entre cuatro y cinco veces | 75 % |
| Más de cinco veces | 90 % |
El tribunal puede rebajar esos porcentajes entre un 10 y un 15 por ciento por cargas familiares (artículo 607.4), y el propio artículo 607 extiende la protección al saldo de la cuenta en que se ingresa la nómina o la pensión. El artículo 606 declara inembargables el mobiliario y la ropa del deudor y su familia, así como los instrumentos necesarios para su profesión. Un microcrédito impagado no se lleva su casa, pero sí puede dejarle sin saldo en el banco durante años si se acumulan intereses y costas sobre un principal pequeño. Lo cuento desde la otra orilla en cómo cobrar a un moroso que dice no tener nada.
Por eso, cuando alguien llega al despacho con uno de estos préstamos, lo primero que hacemos es cuantificar con la Ley de Usura lo que debe de verdad y situar en qué fase está, antes de que pague o firme nada. Es parte del trabajo de derecho civil que ejercemos en A Coruña.
ASNEF, los requisitos del artículo 20 y cómo salir
La inclusión en un fichero de morosos no depende de un número de días sin pagar fijado por ley. El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) exige que la deuda sea cierta, vencida y exigible, que el deudor haya sido requerido de pago previamente y advertido de la posibilidad de inclusión, que no se haya presentado reclamación judicial, arbitral o administrativa sobre su existencia o cuantía, que la deuda tenga menos de cinco años y que la inclusión se le notifique dentro de los treinta días siguientes. En la práctica la inclusión llega entre uno y tres meses después del impago, pero lo decisivo es si se cumplieron esos requisitos. Un prestamista que inscribe una deuda discutida o sin requerimiento previo se expone a una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos y a indemnizar el daño moral causado, que los tribunales reconocen sin exigir prueba de un perjuicio económico concreto.
Dos consecuencias prácticas. Si usted ha reclamado judicialmente la nulidad del préstamo por usura, la deuda ya no es pacífica y su mantenimiento en el fichero deja de cumplir la ley; puede exigir la baja al prestamista y al titular del fichero y, si se niegan, acudir a la Agencia. Y si la deuda que le atribuyen no es suya, la inclusión es ilícita desde el primer día.
Si Moneyman cede la deuda a un fondo o a una empresa de recobro
Hay que distinguir dos situaciones. La empresa de recobro que actúa por cuenta de Moneyman no es su acreedor, solo su mandataria, y la deuda y su importe no cambian. La cesión del crédito a un fondo es distinta y la regulan los artículos 1526 y siguientes del Código Civil. El fondo adquiere el crédito con las mismas condiciones y los mismos defectos, de modo que la usura, las cláusulas abusivas y la prescripción se le oponen igual que al prestamista original. Usted no debe más por el hecho de la cesión, y el fondo tampoco tiene que cobrar menos solo porque pagó poco por el crédito, salvo en un caso concreto. Si el crédito se cedió cuando ya era litigioso, con un pleito abierto sobre su existencia o cuantía, el artículo 1535 le permite extinguirlo pagando al fondo lo que este pagó por él más intereses y costas, dentro de los nueve días siguientes a que el fondo le reclame. Es un retracto poco usado y con requisitos estrictos, pero existe.
Al cesionario puede exigirle que acredite la cesión y el importe, porque mientras no se le notifique, el pago hecho al acreedor original le libera (artículo 1527). En el monitorio, el fondo tiene que aportar el contrato original y el detalle de la deuda, y las demandas apoyadas en un simple listado interno sin el contrato se encuentran con frecuencia con la inadmisión o con una oposición que prospera.
Sobre el acoso. Llamar a su trabajo o a sus familiares para hablar de su deuda supone comunicar datos personales a terceros sin base legal, sancionable por la Agencia de Protección de Datos con apoyo en el Reglamento General de Protección de Datos, y las llamadas reiteradas con intimidación o amenazas de consecuencias inexistentes pueden constituir un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal. Lo explico en le amenazan o le coaccionan. Guarde los registros de llamadas y los mensajes.
Prórrogas encadenadas y cuánto debe de verdad
La prórroga es el gran negocio de este sector. Pagar una cuota de extensión cada treinta días mantiene el préstamo vivo sin reducir el principal, y al cabo de seis u ocho prórrogas es frecuente haber pagado más del capital sin deber un euro menos. Para la Ley de Usura el coste de esas prórrogas forma parte del interés, y la consecuencia del artículo 3 es matemática. Si el préstamo es usurario, usted solo debe el capital que recibió, y todo lo que haya pagado por cualquier concepto, intereses, comisiones o prórrogas, se imputa a ese capital. Si la suma de lo pagado supera el capital, el prestamista debe devolverle el exceso. Un préstamo de 500 euros prorrogado ocho veces a 120 euros por prórroga suma 960 euros pagados; con la nulidad, la deuda está extinguida y hay 460 euros a reclamar. Esa cuenta es la que ningún correo de recobro hace.
Prescripción, cinco años y qué la interrumpe
Desde la reforma de 2015, el artículo 1964 del Código Civil fija en cinco años el plazo de prescripción de las acciones personales, y la reclamación de un préstamo lo es. Los préstamos anteriores a octubre de 2015 se rigen por la regla transitoria y, salvo interrupciones, ya han prescrito en todo caso. El plazo cuenta desde que la deuda pudo exigirse, y el artículo 1973 lo interrumpe, con reinicio completo, por reclamación judicial, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento del deudor. Un burofax, un correo electrónico del fondo o un SMS del recobro con contenido de reclamación interrumpen el plazo si pueden acreditar que lo recibió, y un pago parcial, una solicitud de aplazamiento o un mensaje suyo diciendo que pagará más adelante lo reinician por su propia cuenta. La prescripción no se aplica de oficio, hay que alegarla en el momento procesal oportuno, y por eso tiene tanto valor saber qué comunicaciones existen antes de contestar a nadie.
No va a ir a la cárcel, con dos salvedades
No pagar una deuda es un incumplimiento civil, y las amenazas de denuncia penal que aparecen en los correos de recobro son argumentario comercial. Solo hay delito en dos situaciones. La estafa del artículo 248 del Código Penal exige engaño desde el principio, por ejemplo obtener el préstamo con una nómina inventada o con la identidad de otra persona y sin intención de devolverlo, y el alzamiento de bienes del artículo 257 castiga a quien, ya reclamada la deuda, oculta o transmite su patrimonio para frustrar el cobro. Dónde está la frontera lo explico en cuándo un impago es delito de estafa.
La situación inversa, «me reclaman una deuda que no tengo», es más frecuente de lo que parece. Los microcréditos online se conceden con una fotografía del DNI y una cuenta bancaria, y con documentación robada o filtrada se contratan préstamos a nombre de terceros. Si es su caso, la deuda no es suya, la inclusión en el fichero de morosos es ilícita y el prestamista responde de no haber identificado correctamente a su cliente. Lo primero es denunciar la suplantación y la estafa, pedir al prestamista el contrato, los datos de conexión y la cuenta en que ingresó el dinero, y comunicar la denuncia al prestamista y al fichero.
Si el microcrédito es solo la punta del problema
Cuando una persona acumula varios microcréditos, tarjetas y préstamos y la suma es inasumible con sus ingresos, el camino no es ir reclamando uno a uno. El mecanismo de segunda oportunidad regulado en el texto refundido de la Ley Concursal tras la reforma de 2022 permite al deudor de buena fe obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, con o sin liquidación de su patrimonio, y los microcréditos son de las deudas que más habitualmente se exoneran. No tiene sentido para un único préstamo de trescientos euros, porque el coste del procedimiento supera lo que se discute, pero sí cuando el endeudamiento total ya no se puede devolver.
Qué puede hacer hoy por su cuenta
- Descargue y guarde el contrato, las condiciones generales, el calendario de pagos y todos los justificantes de pago y de prórroga antes de que le corten el acceso a la aplicación.
- No firme ningún reconocimiento de deuda ni plan de pago sin que alguien haya calculado antes si la deuda existe en esa cuantía. Un reconocimiento interrumpe la prescripción y dificulta después discutir el importe.
- No pague una cifra solo porque la empresa de recobro la presenta como un «descuento». Pida siempre el desglose por escrito, con capital, intereses y comisiones separados.
- Si recibe algo del juzgado, anote el día en que lo recibió. Desde ahí corren los veinte días.
- Compruebe quién le llama. Hay estafadores que reclaman deudas inexistentes usando el nombre de prestamistas reales, y ningún acreedor legítimo exige el pago a un particular por Bizum o con tarjetas regalo.
- No facilite datos de familiares ni del trabajo, y conserve los registros de llamadas.
Lo que se juega quien gestiona esto solo es concreto. Pagar intereses y prórrogas que la ley no le obliga a pagar, firmar un plan que convierte una deuda discutible en una deuda reconocida, o dejar pasar los veinte días del monitorio y encontrarse con una ejecución con costas sobre una cantidad que podía haberse reducido al capital. En el despacho recalculamos la deuda con la Ley de Usura y la doctrina del Supremo, nos oponemos al monitorio o negociamos con el fondo a partir de esa cifra, y gestionamos la salida del fichero de morosos. Si tiene un préstamo de Moneyman o de cualquier otra plataforma impagado o ya reclamado, llámenos al +34 677 841 007 o escriba desde contacto y lo revisamos dentro de nuestro trabajo de derecho civil. Tenga a mano el contrato y las condiciones, el extracto de lo pagado con la fecha de cada prórroga, los correos o cartas del recobro, la notificación del fichero de morosos si la hubo y, si ha llegado algo del juzgado, el documento con la fecha en que lo recibió.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días sin pagar tienen que pasar para que Moneyman me meta en ASNEF?
La ley no fija un número de días. El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 exige que la deuda sea cierta, vencida y exigible, que le hayan requerido el pago antes advirtiéndole de la inclusión, que usted no haya presentado reclamación judicial o administrativa sobre ella y que le notifiquen la inclusión en los treinta días siguientes. En la práctica suele producirse entre uno y tres meses después del impago. Si falta alguno de esos requisitos, la inclusión es ilícita y puede exigir la baja y una indemnización.
Me ha llegado un monitorio del juzgado por un préstamo de Moneyman, ¿qué hago?
Tiene veinte días hábiles desde la notificación para pagar o presentar oposición. Si no hace nada, se despacha ejecución por la cifra reclamada más intereses y costas y ya no podrá discutirla. En la oposición se puede alegar la usura, las cláusulas abusivas, la prescripción o que el fondo no acredita la deuda, pero tiene que ir fundada con el cálculo y la comparación que exige el Tribunal Supremo. Guarde el documento con la fecha de recepción y consulte antes de que corra el plazo.
Si Moneyman ha vendido mi deuda a una empresa de recobro, ¿a quién pago y sigo debiendo lo mismo?
Si la empresa de recobro solo gestiona el cobro para Moneyman, el acreedor sigue siendo Moneyman y la deuda es la misma. Si el crédito se ha cedido a un fondo, el fondo lo adquiere con las mismas condiciones y los mismos defectos, de modo que la usura, las cláusulas abusivas y la prescripción se le oponen igual. Puede exigirle que acredite la cesión y el importe, y mientras no se le notifique, el pago a Moneyman le libera. Si el crédito se cedió cuando ya era litigioso, el artículo 1535 del Código Civil le permite extinguirlo pagando lo que el fondo pagó por él.
¿Me compensa contratar un abogado por un microcrédito de 300 euros?
Depende de la fase y del importe acumulado. Si debe un único préstamo pequeño, sin prórrogas, todavía dentro del plazo de desistimiento o con pocas semanas de retraso, lo razonable es pagar el capital y el interés del plazo o negociar directamente, porque el coste de un abogado superaría lo que se discute. Compensa cuando ha encadenado prórrogas y lo pagado se acerca o supera el capital, cuando le han incluido en ASNEF de forma irregular, cuando ha recibido un monitorio, o cuando tiene varios microcréditos y la deuda total es inasumible. En esos casos lo que se recupera o se deja de pagar suele ser varias veces el honorario.