Hasta el 18 de noviembre de 2026 la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la CIRBE, se rige por la Circular 1/2013, de 24 de mayo, y desde el 19 de noviembre pasa a regirse por la Circular 1/2026, de 21 de octubre (BOE-A-2026-22720), la norma técnica que fija qué préstamos declaran las entidades, con qué datos y cómo se tramita la corrección de los mal declarados. Si le reclaman una deuda que no tiene porque alguien pidió un préstamo con su nombre, la Circular no altera lo esencial, que un contrato firmado por un suplantador no le obliga porque usted nunca consintió, y que puede exigir que la CIRBE rectifique o cancele ese dato al amparo del artículo 65 de la Ley 44/2002. Mientras eso se resuelve, no pague ni reconozca nada por teléfono, pida su informe de riesgos y denuncie, porque sin denuncia ni la entidad ni el Banco de España tienen base para tratar ese préstamo como ajeno.
La CIRBE no es un fichero de morosos. Registra los préstamos, créditos y avales que las entidades declaran al Banco de España, estén o no al corriente de pago, y las entidades la consultan antes de conceder financiación. Por eso el préstamo fraudulento aparece ahí aunque el suplantador haya pagado las primeras cuotas, y por eso el daño suele descubrirse cuando usted pide una hipoteca o una tarjeta y se la deniegan por un riesgo que no reconoce.
Su informe de la CIRBE y los papeles de la reclamación, lo que depende de usted esta semana
Lo primero es ver qué consta exactamente. Cualquier persona puede pedir al Banco de España, de forma gratuita, el informe con los riesgos declarados a su nombre, a través de su sede electrónica con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, o presencialmente en sus oficinas. El informe indica la entidad declarante, el tipo de operación, el importe y la fecha, que es lo que necesita para saber a quién se dirige la reclamación y desde cuándo existe el préstamo. Pida también, por derecho de acceso, qué consta sobre usted en Asnef-Equifax y Experian, porque el impago del suplantador suele acabar ahí.
Guarde todo lo recibido. La carta o el correo de reclamación, el sobre con el matasellos, los mensajes de texto, el nombre de la empresa que llama y las fechas de las llamadas. Pida por escrito a quien reclama que acredite el origen de la deuda, y no facilite por teléfono su número de DNI, su cuenta ni ninguna clave, porque una modalidad de esta estafa consiste en completar con esa llamada los datos que faltaban para el siguiente préstamo.
No pague nada, ni una parte «para que dejen de molestar». Un pago parcial se interpreta como reconocimiento de la deuda y le complica la defensa. Tampoco firme un plan de pagos ni ningún documento que le envíe la empresa de recobro.
Compruebe si su DNI estuvo perdido o fuera de su control en algún momento, y si repite contraseña en varios servicios, cámbiela hoy. Muchos de estos préstamos empiezan con la entrada en un buzón de correo, de la que trata este artículo sobre el delito de acceso ilícito.
Deuda inexistente, de un homónimo, ya pagada, cedida o contratada por un suplantador
No todas las deudas que no reconoce se defienden igual. Cuando la deuda no existe, porque nunca contrató con esa empresa y nadie lo hizo con sus datos, el origen suele ser un error de datos o una coincidencia de nombre, y se resuelve exigiendo que acrediten de dónde sale. Cuando la deuda es de un familiar fallecido, de un antiguo compañero de piso que dejó el suministro a su nombre o de alguien a quien avaló, la deuda existe y lo que se discute es si usted responde de ella, lo que depende del contrato y, en la herencia, de si la aceptó. Cuando estaba pagada, la defensa es el justificante. Cuando la reclama una empresa de recobro que compró el crédito, esa empresa solo tiene los derechos que tenía el acreedor y debe acreditar la cesión.
El caso de este artículo es otro. Alguien obtuvo sus datos, pidió un préstamo con ellos y la entidad lo concedió y lo declaró a la CIRBE a su nombre. Aquí no hay deuda que discutir porque no hay contrato, pero hay un delito que denunciar, un dato que rectificar ante el Banco de España y, con frecuencia, una inclusión en ficheros de morosos que anular. Las tres cosas van juntas y el orden importa.
El artículo 65 de la Ley 44/2002, el derecho a corregir la CIRBE que la nueva Circular no crea
La CIRBE está regulada en los artículos 59 a 69 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. El artículo 60 impone a las entidades la obligación de declarar los riesgos de sus clientes, y el artículo 65 reconoce a cualquier persona el derecho a acceder a la información que le afecta y, si los datos son inexactos o incompletos, a exigir su rectificación o cancelación. La reclamación puede dirigirse a la entidad que declaró el dato o al Banco de España, que da traslado a la entidad. Mientras se tramita, el Banco de España suspende cautelarmente la cesión a otras entidades de los datos discutidos, de modo que el préstamo impugnado deja de figurar en la información que reciben los bancos que le consultan aunque todavía no se haya borrado.
Ese es el punto que decide el caso. La Circular 1/2026 regula cómo declaran las entidades y cómo se tramitan las correcciones, pero el derecho está en la ley. La entidad no rectifica porque usted afirme que no pidió el préstamo. Rectifica cuando se le acredita que el contrato no es suyo, y para eso la denuncia, el informe de la CIRBE y los indicios de la suplantación, una firma que no coincide, un domicilio que nunca fue el suyo, una cuenta de abono ajena o un teléfono que no reconoce, tienen que ponerse delante de ella de forma que no pueda despacharlos como una queja más. Si la entidad se niega o no contesta, la propia Ley 44/2002 abre la vía judicial contra ella.
Cómo se plantea esa reclamación, qué se pide a la entidad y qué al Banco de España, y en qué orden, es trabajo del abogado. En el despacho ejercemos la defensa de quien sufre un fraude bancario de este tipo, desde la reclamación a la entidad declarante hasta la denuncia y la causa penal, como explicamos en la página de fraude bancario.
Sin su consentimiento no hay contrato, el artículo 1261 del Código Civil frente a la entidad y al recobro
El artículo 1261 del Código Civil exige el consentimiento de los contratantes para que exista contrato. Un préstamo que firmó otra persona haciéndose pasar por usted carece de su consentimiento y no le obliga, aunque la entidad actuara de buena fe y aunque el suplantador tuviera una copia de su DNI. La acción para hacer valer esa falta de consentimiento tampoco está sujeta al plazo de cuatro años de la anulabilidad del artículo 1301, porque el contrato nunca nació para usted. En la práctica eso significa que no hay nada que prescriba en su contra, ni deuda que reconocer, ni plazo del artículo 1964 que vigilar, salvo que usted mismo cree la deuda pagando o firmando.
Si además el suplantador movió dinero desde una cuenta suya, o el préstamo se ingresó en su cuenta y salió de ella sin su orden, entra en juego la normativa de servicios de pago, que obliga a la entidad a devolver las operaciones no autorizadas. Cómo se plantea esa reclamación es trabajo del abogado, y de esa parte trata este artículo sobre lo que el banco está obligado a devolver.
Con la empresa de recobro la posición es la misma. Quien compra un crédito adquiere lo que tenía el vendedor, y el vendedor no tenía nada contra usted. La empresa de recobro no puede embargar, ni entrar en su casa, ni comentar su supuesta deuda con su empleador o sus vecinos, y las llamadas insistentes o los mensajes a terceros pueden constituir una intromisión en su intimidad y un tratamiento ilícito de datos denunciable ante la Agencia Española de Protección de Datos. Conteste por escrito y por un medio que deje rastro.
ASNEF y Experian, el artículo 20 de la LOPDGDD y la indemnización por el honor
El préstamo fraudulento acaba a menudo en los ficheros de solvencia privados porque el suplantador deja de pagar y la entidad comunica el impago. El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 solo permite incluir en esos ficheros deudas ciertas, vencidas y exigibles cuya existencia o cuantía no haya sido discutida, exige que el acreedor haya requerido el pago antes y obliga al fichero a notificar la inclusión al afectado en treinta días. Una deuda que nace de un contrato que usted no firmó y ha negado por escrito no es cierta ni pacífica, de modo que su inclusión es ilícita desde el primer día.
Los artículos 16 y 17 del Reglamento General de Protección de Datos le dan derecho a que el fichero rectifique los datos inexactos y suprima los que se tratan sin base legal, y la Agencia Española de Protección de Datos sanciona a las entidades que incluyen a personas sin cumplir el artículo 20. Esa es la vía para salir del fichero. La vía para que le indemnicen es distinta. El Tribunal Supremo viene considerando que la inclusión indebida en un fichero de morosos es una intromisión ilegítima en el derecho al honor protegido por la Ley Orgánica 1/1982, cuyo artículo 9.3 presume que la intromisión causa perjuicio, así que no hace falta probar un daño concreto para obtener indemnización. Su importe lo fijan los tribunales según el tiempo que estuvo el dato publicado, cuántas entidades lo consultaron y qué consecuencias tuvo, por ejemplo una hipoteca denegada. No doy una cifra porque depende de esos factores y las que circulan por internet no sirven para su caso.
Estafa, falsedad y usurpación de estado civil, los artículos 248, 392 y 401 y lo que prescribe cada uno
Pedir un préstamo con los datos de otra persona es una estafa del artículo 248 del Código Penal, porque se engaña a la entidad con ánimo de lucro para que entregue el dinero, y el artículo 249 la castiga con prisión de seis meses a tres años si la cuantía supera los 400 euros. Cuando lo defraudado pasa de 50.000 euros, el artículo 250.1.5.º eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. El engañado es la entidad, pero usted es perjudicado, porque la deuda, el historial crediticio y las reclamaciones recaen sobre su nombre, y puede personarse en la causa.
Si se usó un DNI falsificado o se imitó su firma en el contrato, hay además falsedad documental. El artículo 392 castiga al particular que comete en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades del artículo 390 con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, y su apartado segundo castiga el uso a sabiendas de un documento de identidad falso con prisión de seis meses a un año. Hacerse pasar por usted de forma continuada es usurpación de estado civil del artículo 401, con prisión de seis meses a tres años, aunque los tribunales reservan este delito para suplantaciones mantenidas en el tiempo y no para un uso puntual de sus datos. Si los datos se obtuvieron entrando en su correo o en sus cuentas, se añade el acceso ilícito del artículo 197 bis.
| Conducta | Artículo del Código Penal | Pena |
|---|---|---|
| Pedir el préstamo con sus datos engañando a la entidad, más de 400 euros | 248 y 249 | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Lo mismo cuando lo defraudado supera los 50.000 euros | 250.1.5.º | Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses |
| Falsificar su DNI o su firma en el contrato | 392.1 en relación con el 390 | Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses |
| Usar a sabiendas un DNI falso | 392.2 | Prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses |
| Hacerse pasar por usted de forma continuada | 401 | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Entrar en su correo o sus cuentas para obtener los datos | 197 bis | Prisión de 6 meses a 2 años |
Según el artículo 131, estos delitos prescriben a los cinco años cuando la pena máxima no pasa de tres años de prisión, y a los diez en la estafa agravada, cuya pena llega a seis. El plazo cuenta desde la fecha del delito, aunque usted se haya enterado años después, de modo que un préstamo pedido hace tiempo con su nombre puede estar cerca de prescribir cuando llega la primera carta.
La denuncia se presenta en cualquier comisaría de la Policía Nacional o puesto de la Guardia Civil, o en el juzgado de guardia, aunque el préstamo se contratara por internet o desde otra provincia. Qué juzgado instruye lo fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el lugar de comisión, que en los fraudes a distancia se discute con frecuencia entre juzgados, y que la denuncia no se pierda en ese reparto es parte del trabajo del abogado. Si el DNI se extravió o se lo sustrajeron, denúncielo también. La propia entidad, cuando comprueba que el préstamo es fraudulento, debe denunciarlo por el artículo 262 de la misma ley, que impone ese deber a quien conoce un delito por razón de su profesión u oficio, y su reclamación es con frecuencia lo que la mueve a hacerlo.
Dos riesgos más. Si el suplantador abrió también una cuenta con su nombre o hizo pasar por ella dinero de otras víctimas, puede recibir una citación como investigado por blanqueo de capitales del artículo 301, y a esa citación no se acude sin abogado. Y si la policía no identifica al autor, lo habitual es que el juzgado acuerde el sobreseimiento provisional del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso no cierra su caso. La causa se reabre si aparecen nuevos datos, y la denuncia y el auto de archivo siguen sirviendo como prueba de la suplantación ante la entidad, el Banco de España y los ficheros de morosos.
Cuando la reclamación llega al juzgado, el monitorio del artículo 812 y los veinte días para oponerse
Si ni la entidad ni el recobro rectifican, su paso siguiente suele ser un procedimiento monitorio, regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reclamar deudas dinerarias documentadas. Recibirá un requerimiento del juzgado para que en veinte días hábiles pague o presente escrito de oposición. Si no hace ninguna de las dos cosas, el juzgado despacha ejecución por la cantidad reclamada y pueden embargarle la cuenta o la nómina sin que nadie haya examinado si el contrato era suyo. Si se opone, el asunto sigue como juicio verbal cuando la cantidad no supera los 15.000 euros, límite fijado por el Real Decreto-ley 6/2023 y en vigor desde el 20 de marzo de 2024, y por encima de esa cifra el acreedor tiene un mes para presentar demanda de juicio ordinario o el monitorio se archiva. La oposición lleva firma de abogado y procurador cuando la cantidad pasa de 2.000 euros.
En esa oposición es donde se alega la suplantación, con la denuncia, el informe de la CIRBE y los indicios reunidos, y donde se obliga a la entidad a probar que fue usted quien contrató y cómo comprobó su identidad. Cómo se construye depende de cada contrato y de si se firmó en una oficina o a distancia con firma electrónica. El monitorio no se ignora, porque es el único punto del camino en el que el silencio tiene consecuencias económicas inmediatas.
Cuándo compensa ir más allá de la rectificación
Si lo único que ha ocurrido es que el préstamo aparece en su informe de la CIRBE y la entidad, a la vista de la denuncia, lo da de baja en pocas semanas, no siempre merece la pena un pleito por daños. Si nadie consultó el dato y no le denegaron nada, el coste y el tiempo no compensan, y basta con conservar la documentación por si el problema reaparece.
Compensa reclamar con abogado cuando la entidad no contesta o insiste en que el préstamo es suyo, cuando el dato ha pasado a Asnef o Experian y estuvo ahí meses o le ha costado una hipoteca, un alquiler o una tarjeta, cuando ha recibido un requerimiento de pago de un juzgado, cuando hay más de un préstamo o el importe es alto, lo que indica que sus datos circulan y el problema no acaba con la primera carta, o cuando le han citado como investigado. En esos casos el asunto tiene tres frentes abiertos a la vez, el penal, el bancario y el de protección de datos, y lo que se consigue en uno sirve de prueba en los otros, por lo que conviene que los dirija la misma persona.
El informe y la denuncia esta semana, la reclamación a cargo del despacho
El paso que toca dar ya es pedir su informe de la CIRBE y presentar la denuncia con lo que haya recibido, sin esperar a que la entidad dé más explicaciones ni a que el recobro deje de llamar. Con la denuncia sellada y el informe, el despacho redacta la reclamación a la entidad declarante y al Banco de España, solicita la salida de los ficheros de solvencia privados, se persona en la causa penal y, si llega el monitorio, prepara la oposición. En el despacho ejercemos la defensa penal y la reclamación civil en estos fraudes, como explicamos en las páginas de fraude bancario y delitos informáticos, y puede trasladarnos su caso en el +34 677 841 007 o a través del formulario de contacto. Respondemos a la mayor brevedad, y la primera consulta es un estudio del informe, la carta y la denuncia para fijar qué se reclama y a quién.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si ignoro las cartas y llamadas? ¿Puede prescribir sola o me perjudica callar?
Callar no equivale a reconocer la deuda, pero tampoco la hace prescribir, porque cada reclamación del acreedor interrumpe el plazo según el artículo 1973 del Código Civil, y el dato sigue en la CIRBE y en los ficheros mientras usted no actúa. Lo que sí le perjudica es callar ante un requerimiento judicial. En una suplantación no hay deuda que prescriba, hay un contrato nulo y un delito que denunciar.
¿Cuánto tiempo tengo para oponerme si me llega un monitorio y qué ocurre si no lo hago?
Tiene veinte días hábiles desde que recibe el requerimiento del juzgado, según el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si en ese plazo no paga ni se opone, el juzgado despacha ejecución por la cantidad reclamada y pueden embargarle la cuenta o la nómina sin que nadie examine si el contrato era suyo. La oposición necesita abogado y procurador cuando la deuda supera los 2.000 euros.