Presentar la denuncia en una comisaría de A Coruña por un token comprado en la red Solana parece un trámite de ventanilla, y es el documento que fija la fecha, la cuantía y el juzgado de instrucción al que irá todo lo que venga después, incluida la condición de perjudicado que le pedirán en Argentina o en Estados Unidos si alguna vez se reparte lo que está congelado. La estafa cripto Libra consistió en que el 14 de febrero de 2025 el presidente argentino Javier Milei publicó en X un mensaje con la dirección del contrato del token $LIBRA, la cotización se disparó en minutos y se hundió más del 85 % en pocas horas cuando las carteras que controlaban la liquidez la retiraron, la maniobra que en el sector se llama «rug pull». En España esos hechos encajan en el delito de estafa de los artículos 248 y 250 del Código Penal, se denuncian ante el juzgado del lugar donde vive quien compró y el dinero perdido se reclama como responsabilidad civil derivada del delito.
La cartera, los hashes y la captura del tuit, lo que puede asegurar hoy sin nadie
La prueba de este asunto está casi toda en la cadena de bloques y en su móvil, y conservarla no requiere abogado. Anote la dirección pública de la wallet con la que compró y exporte desde un explorador de Solana el hash de cada transacción, con fecha, hora, cantidad entregada y tokens recibidos. Si entró con euros a través de una plataforma centralizada, descargue su extracto y el movimiento bancario con el que la fondeó, porque esa cadena convierte una cifra en dólares en un perjuicio en euros con fecha. Guarde las capturas del mensaje de Milei, que él mismo borró horas después, o localice una copia en un archivo público de internet con su fecha, junto con el gráfico de cotización del momento en que entró.
No toque la cartera más de lo imprescindible. No firme ninguna transacción nueva que le llegue por un enlace y no introduzca la frase semilla en ningún sitio ni se la dicte a nadie, sea cual sea el cargo con el que se presente. Tampoco pague a quien prometa recuperar lo perdido a cambio de un adelanto. Más abajo explico de dónde sale esa segunda oleada.
Estafa cripto Libra Milei, los hechos que cuentan para un juzgado
El token $LIBRA se lanzó la tarde del 14 de febrero de 2025 en Solana, vinculado a un proyecto llamado «Viva la Libertad» que decía destinarse a financiar pequeñas empresas argentinas. Minutos después de su creación, Milei publicó un mensaje en el que animaba a invertir e incluía la dirección del contrato, el dato que permite comprar. El precio superó los cuatro dólares y, en cuestión de horas, un grupo reducido de carteras vinculadas al lanzamiento retiró la liquidez y vendió, lo que hundió la cotización más de un 85 %. Milei eliminó el mensaje esa misma noche y sostuvo después que se había limitado a difundir un proyecto privado sin promocionarlo.
Los análisis en cadena publicados en los días siguientes estimaron en torno a 44.000 carteras afectadas y pérdidas cercanas a 90 millones de dólares. Son cifras discutidas, porque una cartera no equivale a una persona, pero sitúan el asunto en la escala del artículo 250 del Código Penal español, que agrava la estafa cuando afecta a un elevado número de personas.
En la investigación argentina aparecen el empresario estadounidense Hayden Davis, de Kelsier Ventures, como impulsor del token, y los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que según la causa accedían a la Casa Rosada y organizaron los encuentros con el presidente. También figuran Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el portavoz Manuel Adorni. Instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi con el fiscal Eduardo Taiano, por presunta estafa y asociación ilícita, y en ese marco se ordenó congelar veinticinco cuentas cripto vinculadas al token. Hay un antecedente, porque en 2021 Milei había promocionado la plataforma CoinX, que la autoridad argentina de valores señaló después como no autorizada y que acabó en reclamaciones de inversores. En paralelo, un grupo de compradores presentó una demanda colectiva ante un tribunal federal de Nueva York contra Davis y las empresas que participaron en el lanzamiento.
Rug pull, la maniobra y el delito que la describe en el artículo 248
Un rug pull es la retirada súbita de la liquidez de un token por quienes la controlan, de modo que el resto de tenedores se queda con un activo que ya no puede venderse a un precio real. Lo que convierte la operación en delito, y no en una mala inversión, es la preparación. Si las carteras que vendieron en el primer minuto habían comprado segundos antes del mensaje presidencial, si el proyecto anunciado para financiar empresas no tenía empresa, equipo ni documento detrás, y si quien lanzó el token se quedó con la liquidez que aportaron los compradores, hay un engaño construido para provocar la compra.
Esa es la estructura del artículo 248 del Código Penal, que define la estafa como el uso de engaño bastante para producir error en otro y moverle a realizar una disposición patrimonial en su perjuicio. El engaño es la apariencia de proyecto respaldado por un jefe de Estado, el error es creer que se entra en una inversión con liquidez real, la disposición es la compra y el perjuicio es la diferencia entre lo pagado y lo que vale el token tras la retirada. Que el soporte sea una cadena de bloques no cambia la calificación, pero sí la prueba, porque cada paso quedó registrado públicamente y se reconstruye con fecha y hora.
Es un supuesto distinto del vaciado de una wallet sin intervención de su titular, que es acceso ilícito y estafa informática y lo trato en el artículo sobre el acceso ilegal a cuentas y sistemas. Y cuando un grupo de WhatsApp o Telegram dirige a sus miembros a comprar un token con promesas de rentabilidad, el esquema es el mismo que en $LIBRA, con autores distintos y a menudo más localizables.
Promocionar un token o participar en la estafa, dónde pone la línea el Código Penal
Que una figura pública anime a comprar un activo que luego se desploma no es delito por sí solo. Para responder como autor de estafa tiene que haber conocido el mecanismo, o al menos haber aceptado que su mensaje servía para captar a los compradores a los que después se vaciaría la liquidez. El artículo 28 del Código Penal trata como autores a quienes realizan el hecho conjuntamente y a quienes cooperan con un acto sin el cual no se habría cometido, y la torpeza o el oportunismo sin ese conocimiento no están castigados como estafa. En $LIBRA lo que se investiga es si el mensaje presidencial fue un favor ingenuo o la pieza de captación pactada con quien controlaba el token, y eso se decidirá con las reuniones previas, los contratos y los pagos a intermediarios.
La asociación ilícita que investiga la justicia argentina es una figura distinta. Castiga a quien forma parte de una organización de tres o más personas destinada a cometer delitos, con independencia de que cada delito concreto se consume. El equivalente español está en los artículos 515 y 517 del Código Penal y en la organización y el grupo criminal de los artículos 570 bis y 570 ter. Para la víctima la diferencia práctica es que permite atribuir responsabilidad a quien organizó, financió o encubrió aunque no vendiera un solo token, y amplía los patrimonios contra los que dirigir la reclamación civil.
El artículo 282 del Código Penal, sobre publicidad engañosa, tiene un alcance más corto de lo que parece. Se aplica a los fabricantes o comerciantes que hagan alegaciones falsas sobre sus productos o servicios en la publicidad, con pena de seis meses a un año de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, y encaja con quien comercializa el token, no con el tercero que lo difunde. Cuando esa publicidad fue el instrumento para provocar las compras, queda absorbida por la estafa del artículo 250.
Elevado número de perjudicados y credibilidad profesional, las agravantes del artículo 250
La estafa básica del artículo 249 se castiga con prisión de seis meses a tres años cuando lo defraudado supera los 400 euros. El artículo 250.1 eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses en varios supuestos, y dos describen $LIBRA. El ordinal 5º se aplica cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, y el 6º cuando el autor aprovecha su credibilidad empresarial o profesional o las relaciones personales con la víctima. El respaldo de un presidente, o de un influencer que ha construido audiencia sobre su criterio financiero, es la credibilidad que contempla el ordinal 6º. Cuando el 5º concurre con el 6º, o lo defraudado supera los 250.000 euros, el artículo 250.2 lleva la pena a prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.
| Supuesto | Artículo del Código Penal | Pena | Prescripción |
|---|---|---|---|
| Estafa leve, hasta 400 euros | 249.2 | Multa de uno a tres meses | Un año |
| Estafa básica, más de 400 euros | 249.1 | Prisión de seis meses a tres años | Cinco años |
| Más de 50.000 euros o elevado número de perjudicados | 250.1.5º | Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses | Diez años |
| Abuso de credibilidad empresarial o profesional | 250.1.6º | Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses | Diez años |
| Más de 250.000 euros, o el 5º junto con el 6º | 250.2 | Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses | Diez años |
La cuantía de quien compró desde España puede ser pequeña, pero la calificación se hace por el conjunto de la defraudación. Un comprador con 300 euros perdidos es perjudicado de una estafa agravada del artículo 250, con sus diez años de prescripción, aunque su cifra aislada no alcanzaría ni la estafa básica. Por eso la denuncia debe describir la operación entera y no solo su compra.
Denunciar en A Coruña por un token comprado en Solana, el juzgado competente
Los tribunales españoles conocen de los delitos cometidos en territorio español, según el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó en 2005 que un delito se entiende cometido en todos los lugares donde se realiza algún elemento del tipo. En la estafa ese elemento es la disposición patrimonial, y una compra ordenada desde un móvil en A Coruña con dinero salido de una cuenta española se ha realizado aquí. El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye la instrucción al juzgado del lugar del delito, de modo que la denuncia se presenta en comisaría, en la Guardia Civil o en el juzgado de guardia de su partido judicial, y de allí pasa a un juzgado de instrucción de A Coruña.
Que los autores estén en Argentina y en Estados Unidos no impide la causa española, pero marca su recorrido. El juzgado de instrucción puede requerir a las plataformas, acudir a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y cursar comisiones rogatorias, y España mantiene convenios de cooperación penal con ambos países. Lo habitual es que la causa española fije la condición de perjudicado y la cuantía, y que la persecución de los responsables se concentre donde están. La denuncia debe redactarse sabiendo que la leerán en otro país, con la cadena de transacciones ordenada y una cuantía en euros que no admita discusión. Preparar ese documento, con la prueba de la cadena de bloques periciada, es parte del trabajo que hacemos en el despacho en delitos informáticos y fraude.
Las veinticinco cuentas congeladas, la causa argentina y la demanda de Nueva York
Que un juzgado haya congelado cuentas no significa que exista un fondo del que cobrar. El congelamiento inmoviliza lo que haya en ellas mientras dura la investigación, y puede ser mucho menos que las pérdidas estimadas, porque la liquidez retirada de $LIBRA se movió entre carteras y parte se convirtió en otros activos. Lo que esas cuentas garantizan es que, si hay condena con pronunciamiento de responsabilidad civil, habrá con qué pagarla, y que se repartirá entre quienes consten como perjudicados en el procedimiento. En el proceso penal argentino esa condición se acredita ante el juzgado con abogado habilitado allí y con la trazabilidad de la compra que he descrito, y la denuncia presentada en España, con su atestado y la resolución del juzgado de instrucción, es el documento que la respalda.
La demanda colectiva de Nueva York sigue otra lógica. El tribunal define quiénes forman el grupo afectado, normalmente todos los que compraron el token en un periodo, y sus miembros no demandan individualmente, aunque deben identificarse y aportar prueba cuando se reparte una indemnización o un acuerdo. Un residente en España puede formar parte de esa clase si compró en el periodo definido, y en ese procedimiento se pidieron medidas de bloqueo sobre fondos vinculados al token. Nada de ello se cobra solo. En el despacho valoramos con el cliente en cuál de esas vías compensa acreditarse y coordinamos la documentación con los abogados de cada jurisdicción.
El exchange, el influencer en España y lo que la CNMV y MiCA pueden hacer
La mayoría de las compras de $LIBRA se hicieron en intercambiadores descentralizados de Solana, donde no hay empresa a la que reclamar porque el protocolo ejecuta la orden sin intermediario. Si compró a través de una plataforma centralizada que listó el token, la situación cambia. El Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA, se aplica a los prestadores de servicios de criptoactivos desde el 30 de diciembre de 2024 y les exige actuar con honestidad, gestionar sus conflictos de interés y disponer de procedimientos de reclamación. Listar un token no equivale a garantizarlo, y la reclamación contra la plataforma solo prospera si incumplió un deber concreto, por ejemplo si no ejecutó una orden de venta o bloqueó fondos sin causa.
El dinero con el que fondeó la plataforma salió de su banco con su autorización, y por eso la normativa de servicios de pago, que obliga a devolver las operaciones no autorizadas, no se aplica aquí. La diferencia con las ciberestafas en las que alguien opera su cuenta sin su consentimiento está en el artículo sobre la devolución del banco en una ciberestafa.
Para la publicidad de criptoactivos dirigida a inversores en España, la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, atribuye el control a la CNMV, que lo desarrolló en la Circular 1/2022. La Circular obliga a incluir en toda promoción de criptoactivos como inversión la advertencia de que no están regulados y de que puede perderse todo lo invertido, y exige a quienes tengan más de 100.000 seguidores comunicar con antelación a la CNMV las campañas masivas. Si un influencer español promocionó $LIBRA a su audiencia sin esas advertencias, la CNMV puede sancionarle, y esa sanción, aunque no devuelve el dinero, es prueba en la causa penal y en una reclamación civil por publicidad ilícita conforme a la Ley 34/1988, General de Publicidad. Al mensaje de un presidente extranjero dirigido a su propio país la Circular no alcanza, y ahí la vía es la penal.
Diez años de prescripción y el riesgo de la segunda estafa
El artículo 131 del Código Penal fija la prescripción en diez años para los delitos cuya pena máxima supera los cinco años, el caso de la estafa agravada del artículo 250, y el plazo cuenta desde el 14 de febrero de 2025. Tiempo sobra para denunciar. Lo que no espera es la prueba, porque las plataformas conservan los registros de sus clientes durante periodos limitados, las carteras que recibieron la liquidez la van moviendo y cada congelamiento alcanza solo a lo que todavía está donde se ordenó. Quien denuncie dentro de tres años llegará con lo mismo en el papel y mucho menos en las cuentas.
Si la causa española no identifica a ningún responsable en España, el juzgado de instrucción la archivará provisionalmente, lo que no es un cierre definitivo. El sobreseimiento provisional se reabre cuando aparecen nuevos elementos, por ejemplo una resolución argentina que identifica a los autores o un reparto de fondos que hay que ejecutar aquí, y la acción civil derivada del delito, regulada en los artículos 109 y siguientes del Código Penal, sigue viva para exigir la restitución y la indemnización a quien resulte condenado.
Los afectados por $LIBRA reciben desde hace meses mensajes de supuestas firmas de recuperación, despachos extranjeros y fondos de compensación que piden una tasa, una verificación de la wallet o la frase semilla para devolver lo perdido. Es la misma estafa con otro nombre, dirigida a quienes ya demostraron estar dispuestos a invertir, para vaciar la cartera que quedaba. Nadie que actúe en un procedimiento real necesita su frase semilla, y ninguna indemnización se cobra adelantando dinero.
Preguntas frecuentes
Compré $LIBRA desde España, ¿puedo denunciar aquí o tengo que hacerlo en Argentina o en EE. UU.?
Puede denunciar en España, ante la policía o el juzgado de su domicilio, porque la compra se ordenó desde aquí y el perjuicio se produjo en una cuenta española. Esa denuncia fija su condición de perjudicado y la cuantía. Para cobrar de los fondos congelados en Argentina o de la demanda de Nueva York tendrá que acreditarse allí, y la denuncia española es el documento que lo respalda.
¿Qué pruebas tengo que guardar (wallet, hashes de transacción, capturas del tuit) para acreditar que soy víctima?
Guarde la dirección pública de su wallet, el hash de cada transacción de compra con fecha y hora, el extracto de la plataforma donde entró con euros y el movimiento bancario que la fondeó. Añada capturas del mensaje de Milei con su fecha y del gráfico de cotización del momento de la compra. No entregue la frase semilla a nadie.
La denuncia con la prueba cerrada, el paso que toca ahora y quién lo da
El paso que toca es la denuncia en España, redactada con la cadena de transacciones ordenada, la cuantía en euros fijada y la descripción de la maniobra completa, no solo de su compra, porque ese documento determinará su posición en la causa española y en las de Argentina y Estados Unidos. Redactarla, periciar la prueba de la cadena de bloques y decidir en qué procedimiento extranjero compensa acreditarse es trabajo de un abogado que ejerce en el ámbito penal y de los delitos informáticos. En el despacho lo hacemos desde delitos informáticos y fraude bancario y respondemos a la mayor brevedad a quien escriba a través de /contacto/ o llame al +34 677 841 007.